La querella fue presentada el 6 de agosto del 2013, por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1954 y 1989 durante la dictadura de Alfredo Stroessner y el genocidio contra la comunidad aché, detalla Martínez Jiménez.
Desde su presentación, se exhortó a las autoridades paraguayas a comprobar que realizando investigaciones efectivas para resolver los casos denunciados, pero “durante más de un año, Paraguay negó la cooperación judicial a las autoridades argentinas, se negó a responder al exhorto, solo recientemente se consiguió que se respondiera solo a través de diversas presiones internacionales”.
Sin embargo, el politólogo dijo que “la respuesta fue falseada completamente” ya que las autoridades locales dicen que efectivamente se están desarrollando investigaciones, pero “es totalmente falsa” dicha respuesta, por lo que se ha vuelto a exhortar a realizar investigaciones y demostrar que existen.
“Si Paraguay no colabora, ese silencio se entenderá como una negativa que aquí se están realizando investigaciones judiciales efectivas y empezará la instrucción desde Argentina, para dictar orden de detención internacional contra los 448 responsables identificados como autores de crímenes de lesa humanidad, identificadas por la Comisión Verdad y Justicia”, expuso.
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Añadió que si Paraguay no busca esclarecer los hechos denunciados en la querella, el juez de la causa solo podrá “dictar órdenes de detención internacional contra esas personas, y lo más lógico es que esas personas tengan residencia aquí, entonces Paraguay tendrá la figura internacional que se conoce como Juzgas o Extraditas, y tendrá la obligación de extraditarlos a Argentina para juzgarlos o juzgarlos aquí”.
JUICIO POLÍTICO A LUGO
Con relación al clima de inestabilidad política desatada tras la destitución de Fernando Lugo de la presidencia, el especialista en Derechos Humanos dijo que nuestro país se caracteriza por los pocos cambios de gobierno, y en su opinión personal, dijo que el juicio fue “una desgracia” ya que se trataba de un “gobierno que venía a meter aire fresco a las políticas públicas, que venía con la intención de una redistribución de la riqueza, que es uno de los grandes problemas endémicos de este país, y ni siquiera se le permitió terminar su mandato, y digo no se le permitió porque al final todos sabemos que fue expulsado por la puerta de atrás y se hizo un juicio político muy cuestionable, que sigue abierto en la comisión interamericana de DDHH”.
MASACRE EN CURUGUATY
En cuanto al conflicto en las tierras de Campos Morombí, conflicto que derivó en el juicio político a Lugo, Martínez Jiménez – quien coordina la defensa – mencionó que el proceso sigue suspendido por una petición de medidas cautelares y una denuncia contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por violaciones reiteradas al debido proceso, en concreto singularizadas en la figura del fiscal Jalil Rachid”.
A raíz de la interpelación hecha por la CIDH – explica – se suspendió el juicio oral, porque no se puede celebrar un juicio basada en invasión de inmueble ajeno, hasta que no se determine de quién es el titular del inmueble, y resulta que hay un litigio civil abierto entre la familia Riquelme y el Indert por la titularidad de la tierra.
“Yo creo que no se celebra el juicio oral y no se dirime la titularidad de la tierra, porque todos sabemos quién es el titular de la tierra, es el Indert”, sentenció.