El asesor jurídico de la Junta Municipal y exconcejal colorado en la Comuna en el periodo 2006-2010, abogado Diego Fernández, no advirtió de las graves deficiencias del acuerdo ni el hecho de que viola la Ley 1.618/2000 De Concesiones y Servicios Públicos. La normativa, en su artículo 5 establece claramente que: "El otorgamiento de toda concesión de servicio público, precedida o no por la ejecución de obra pública, se hará obligatoriamente por licitación pública, de conformidad con lo establecido en la presente ley y su reglamentación".
Añade: "Podrán participar en las licitaciones que trata la presente ley, todas las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones (sic)".
El presidente con permiso del colegiado, Wilfrido Villanueva (ANR), había afirmado que aprobaron "sin leer" el "borrador" del contrato por recomendación del funcionario que ahora debe definir el camino a seguir.
Los requisitos de la mencionada ley no fueron cumplidos y el leonino contrato fue firmado el intendente Luis Aguilar (PLRA) y Afara Salomón Carrasco. El jefe comunal había puesto como excusa que "nadie" se presentaría a una convocatoria para concurso de ofertas para la explotación de las playas de la ciudad.
Luego de la reacción ciudadana tras enterarse de la situación mediante publicaciones periodísticas, la Junta Municipal decidió revocar la autorización para la firma del contrato, con que quedó sin efecto el convenio rubricado por el jefe comunal y el empresario el 12 de julio de este año.
Ahora, un sector importante de la ciudadanía está preocupada por el dictamen que pueda presentar el abogado Fernández, pues ya demostró anteriormente su total desconocimiento de las leyes que rigen este tipo de acuerdos o desinterés de defender los recursos de la ciudadanía de San Ber.
Ahora, Afara Salomón trata de intimidar a las autoridades comunales con amenazas de demandas millonarias personales, por daños y perjuicios, pese a que prácticamente no realizó ninguna inversión en tres meses, según afirmó el propio intendente Aguilar al tiempo de indicar que no tiene nada que reclamar.
Afara también pretende cobrar por un supuesto "daño moral a su imagen y pérdida de chance (sic)". Asimismo, intimida a los concejales al advertir que deberán responder con sus bienes en forma personal por perjuicios ocasionados a la Comuna en el ejercicio de sus funciones.
En este punto invoca erróneamente el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal, teniendo en cuenta que dicho artículo se refiere a la responsabilidad de las autoridades comunales en casos de incurrir en "actos y operaciones, cuya realización autoricen en contravención a las disposiciones legales vigentes", hecho que no se configura en este caso, pero el contrato firmado el 12 de julio sí transgrede varias leyes vigentes.
Por otro lado, un pequeño grupo de empresarios trata de amedrentar y presionar a los concejales para que continúen con el grosero negociado.
Contrato leonino
Afara Salomón Carrasco y el intendente Luis Aguilar firmaron un acuerdo de explotación “exclusiva” de las playas Rotonda y Ciclovía durante cinco años por G. 2.600 millones con la figura de “asesoramiento, promoción y gestión”.
De ese monto, G. 1.000 millones deben ser destinados a obras de infraestructura (no especificadas en el contrato) con materiales desmontables que luego podrán ser retirados por el gestor o exigir una indemnización por las mejoras a la Comuna, y G. 1.100 millones para organización de eventos en el lugar cuyos ingresos serán aprovechados por el “gestor”, mientras G. 500 millones deben ser pagados en efectivo: el 50% (G. 250 millones) en abril de 2021, G. 125 millones en 2022 y G. 125 millones en el 2023.