González Planás asegura que la imputación a los directivos José Joaquín Castillo y Luis Fernando Fretes Schinini es irregular al igual que sus detenciones y el pedido de prisión preventiva debido a que violan el principio de legalidad.
El profesional, que representa a los dos guardias implicados en el caso del homicidio de un joven de 22 años la semana pasada, indicó que la agente llamativamente utilizó un inciso "d" de la Ley 5424/15 (modificatoria de la Ley de Armas) para que el hecho punible sea crimen por la expectativa de pena de 5 a 10 años de cárcel y no se pueda pedir medidas alternativas a la prisión.
González Planás asegura que la representante del Ministerio Público encuadró el tipo penal de forma totalmente irregular, debido a que el artículo en cuestión se refiere a los casos en que una persona presta un arma de fuego o permite su utilización por "terceros" sin autorización de la autoridad competente, siendo que los dos guardias forman parte de Protek, que habilitó las armas de fuego en la Dimabel.
"Viola directamente el principio de legalidad, es inexplicable jurídicamente porqué imputó. No encuadra el tipo penal porque la imputación es por un supuesto 'préstamo' de arma a tercero, hecho que no sucedió debido a que es la misma persona jurídica que tiene autorización de la Dimabel y actúa a través de sus órganos, que son los guardias, gerentes, funcionarios de la empresa", dijo el letrado.
El abogado indicó que por ese motivo fue recusada esta mañana la fiscala Ruiz Díaz y en su reemplazo está ahora el fiscal Jorge Noguera.
Asimismo, la defensa de los gerentes recusó al juez penal de garantías Óscar Delgado porque supuestamente no iba a analizar la imputación e iba a decretar la prisión preventiva. De manera interina, fue sorteada la jueza Rosarito Montanía.
"Queremos que el juez penal de garantías cumpla con su deber de analizar la imputación fiscal porque se dará cuenta que no reúne los requisitos exigidos por la ley y debe ser devuelta al Ministerio Público", refirió González Planás.
Finalmente, el profesional adujo que existen "factores extrajurídicos" que rompen el estado de derecho en esta causa.