"La causa está paralizada por la impugnación. Fue designado un fiscal interino hasta que la Sala Penal de la Corte decida si corresponde o no la impugnación del Gobernador (Alfonso Noria)", explicó el fiscal Jorge Romero, respecto a millonarias inversiones en obras de infraestructura que quedaron a medias.

En diálogo con ABC Cardinal, el agente informó que fue recusado apenas tres días después de haber allanado el pasado 29 de enero la sede de la Gobernación de Canindeyú, y donde se incautaron documentos que guardan relación con contratos y ejecución de obras desde el 2013 hasta el 2015. En estos momentos, la causa se encuentra a cargo del fiscal Vicente Rodríguez, de la Unidad 1, de la Fiscalía zonal de Curuguaty, precisó.

Indicó que en su opinión no existe un motivo valedero para que lo aparten de la investigación. "Él alega enemistad, y no existe ningún motivo. Lo que hicimos fue realizar actos investigativos para esclarecer esto".

Al ser consultado sobre a cuánto ascendería el monto del perjuicio a los fondos de la Gobernación, dijo que hasta el momento ese monto no pudo dilucidarse porque la recusación vino antes de que los daños sean peritados.

Admitió que la causa se torna dificultosa ya que se trata de una investigación a la gestión de la máxima autoridad del departamento de Canindeyú y por las aristas que tiene la investigación, por un lado, un supuesto lavado de dinero, y por el otro, la supuesta sobrefacturación de las obras públicas.

Por esta "muralla perimetral" de la escuela Karen Luana de Salto del Guairá, la Gobernación pagó G. 200 millones.