Piden investigar chicanas

Mabel Candia, madre de una joven que había muerto en un accidente de tránsito donde está acusado el hermano de la ministra de la Corte, Alicia Pucheta de Correa, presentó una denuncia fiscal para que investiguen las chicanas en este caso.

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Mabel Candia de Arce, bajo patrocinio de los abogados Jorge Enrique Bogarín, Bettina Legal Balmaceda, formuló una denuncia por el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución contra personas innominadas, debido a la cantidad de suspensiones que sufrió la causa donde se encuentra acusado Hugo Rubén Pucheta Valoriani por homicidio culposo, por la muerte de Patricia Arce Candia, quien era su pareja y que murió en un accidente de tránsito el 15 de diciembre de 2006.

Indica el escrito que para el 25 de octubre de 2007 se fijó la audiencia preliminar. “A continuación pasamos a relatar las innumerables frustraciones ocasionadas por parte de los abogados defensores del señor Hugo Pucheta Valoriani ayudado por su hermana, la ministra Alicia Pucheta de Correa, quien estuvo al tanto de lo acontecido desde el mismo día del accidente, según consta en el acta de apertura del bolso de mi hija de fecha 15 de diciembre de 2006, obrante a fs. 4 de la carpeta fiscal”, señala el documento.

La audiencia preliminar se suspendió siete veces. La primera vez fue el 25 octubre del 2007.  Finalmente el 14 de agosto 2008 se realizó la audiencia preliminar  y se elevó la causa a juicio oral y público. El acusado, Pucheta Valoriani, fue asistido desde el principio de la investigación por el abog. Víctor Ignacio Ortiz, así como en la audiencia preliminar.

La cantidad de suspensiones y dilaciones fueron denunciados en su oportunidad ante el superintendente general de justicia, sin que a la fecha exista instrucción de sumario y mucho menos sanción para los abogados intervinientes, afirma el abogado de la querella.

El juicio oral y púiblico fue suspendido unas ochos veces hasta lograr una nueva integración de los miembros del tribunal de sentencia, que finalmente quedó conformada por los jueces Hugo Ríos, Jorge Giménez y Zusan Domenech. La novena convocatoria fue los días 1, 2 y 3 de diciembre del 2011, el 1 se inició el juicio, habiéndose planteado incidentes de exclusión probatoria y extinción de la acción penal por parte de la defensa técnica de Hugo Pucheta. Estos incidentes fueron rechazados, por ello la defensora volvió a presentar reposición contra esta decisión y nuevamente la decisión fue confirmada.

La 12ª convocatoria fue para el 22 de diciembre 2014: antes de iniciada la audiencia de juicio oral y público, la defensa técnica ejercida por Martha Garcete, formuló recusación contra el agente fiscal coadyuvante Rafael Ojeda. El motivo de la recusación es, supuestamente, falta de objetividad del citado funcionario, sin que haya tomado intervención ni haya presentado escrito alguno. Denuncian que la presentación que se realizó fue al solo efecto dilatorio, a fin que el juicio oral y público ya iniciado no prosiga, buscando de ese modo la extinción de la acción penal.

En esta última ocasión, el juicio oral y público, que fue iniciado y se encontraba en etapa incidental, fue anulado debido a que había transcurrido el plazo de 10 días que establece el Código Penal. Indica la denuncia que el proceso data del año 2007 y hasta la fecha se ha convocado en nueve oportunidades para la realización de la audiencia preliminar, en la cual se elevó la causa a juicio oral y público. Hecho esto, se ha convocado en doce oportunidades a audiencia, a los efectos de la sustanciación, sin que a la fecha la misma haya podido ser realizada.

Lo más llamativo del caso es que con una acción de inconstitucionalidad presentada en el año 2009, paralizaron el expediente en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia por nada más y nada menos que tres años y siete meses, al solo efecto dilatorio, ya que no se impulsó la acción y caducó sin tener resolución.

Solicita la denunciante a la fiscal Yrides Ávila Giménez que la conducta de los abogados defensores intervinientes en el proceso, Victor Ortiz y Martha Garcete, sean investigados, así como la conducta de Hugo Rubén Pucheta Valoriani. “Solo quiero justicia, el castigo digno y humano que se merecen quienes actúan al margen de la ley, por prepotencia, mezquindad y ambición desmedida”, finaliza diciendo el escrito.

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