Un grupo de entre 60 y 70 personas llegó este viernes hasta la sede del juzgado penal de garantías de Caacupé para manifestarse a favor de César Balbuena, intendente de la localidad de Santa Elena, un distrito del departamento de Cordillera, informó Desiré Cabrera, corresponsal de ABC Color en la zona.
Balbuena se encuentra detenido desde hace varios días, luego de que en un inédito fallo, el juez penal de Garantías de Caacupé, Dr. Paublino Escobar, ordenara su prisión preventiva. Está imputado por lesión de confianza, estafa, adquisición fraudulenta de subvenciones y otros, por un perjuicio de G. 840 millones.
Acompañados de pancartas con inscripciones de apoyo para el político liberal y con banderas azules, los manifestantes vociferan frases como “queremos justicia” o “dale al pueblo lo que es del pueblo y César es del pueblo”. El grupo llegó para realizar prisión durante la audiencia en la que comparece el jefe comunal.
Además, varios reconocidos políticos liberales llegaron también al lugar para acompañar la manifestación. En el lugar se pudo ver a figuras como el exdiputado Elvis Balbuena y el exgobernador Amancio González.
Balbuena había solicitado la revisión de medidas, motivo por el cual comparece ante el juez este viernes. El nuevo abogado del jefe comunal es Hugo López, quien también es defensor del intendente de Arroyos y Esteros. El letrado indicó que presentaría una fianza real de G. 2.500 millones y solicitarían medidas alternativas.
Por su parte, la fiscala del caso, Zunilda González, aseguró que tiene hechos nuevos que demuestran que incurrió en varias irregularidades como la declaración de directores de instituciones educativas de la zona que dicen que no se realizaron reparación, arreglos u obras en el predio de sus escuelas. La representante del Ministerio Público adelantó que se ratificará en su pedido de prisión preventiva para Balbuena.
Los caudales de los que se habría apropiado el jefe comunal César Balbuena fueron desviados del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que debían ser destinados a las instituciones educativas de la comunidad, según las acusaciones en su contra.