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La diputada por Encuentro Nacional, en una entrevista con ABC Cardinal, cuestionó que, sin más pruebas que una simple denuncia o un parte policial, fiscales y jueces envíen constantemente a los ciudadanos a las cárceles, a pesar de la presunción de inocencia.
El artículo 19 de la Constitución establece que “la prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio”. Sin embargo, el Art. 245 del Código Procesal Penal prohíbe la aplicación de medidas alternativas a la prisión a imputados por hechos punibles que tienen una expectativa de pena mayor a cinco años de prisión.
En la práctica, toda persona investigada por ese tipo de delitos necesariamente es encarcelada mientras espera el sobreseimiento o un juicio, detalló la diputada. Aseveró que lo ideal es que una persona procesada pueda litigar en libertad.
“Hace que se cometan un montón de injusticias y sobre todo que el sistema penitenciario hoy esté absolutamente colapsado, violando y vulnerando no solamente derechos procesales, sino rayando en la violación de Derechos Humanos en el hacinamiento, en la falta de políticas públicas”, dijo al aire.
En Paraguay hay más de 14.000 personas privadas de su libertad y casi el 80% no tiene condena, según datos del Ministerio de Justicia. “La prisión preventiva debe ser la excepción y hoy es la regla en el sistema penal”, puntualizó la parlamentaria.
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También recordó que en el anterior periodo en el Senado se creó una comisión para impulsar una reforma penal. Estuvo encabezada por Eduardo Petta, pero el trabajo terminó solo en unos pequeños cambios legislativos.
Sostuvo que no existe voluntad real para analizar y modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y las leyes penales complementarias. Se comprometió a trabajar para la derogación del artículo que regula la prisión preventiva y para un cambio de fondo del sistema penal.