En su anterior presentación, había formulado una denuncia penal contra el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y otros funcionarios por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal en la construcción del "superviaducto" y otras obras encaradas por la citada cartera de Estado.
En la primera denuncia incluyó también a Dionisio Mereles, Roberto Enrique, Esteban Sarubbi y Juan Manuel Cano, miembros del comité de evaluación. También a la Ing. Claudia Centurión, directora de Proyectos Estratégicos, quien firmó la descalificación de todos los competidores de Isolux, según refiere la denuncia.
Señala, entre otras cosas, que el MOPC violó la Ley 2.051, de Contrataciones Públicas, al haber llamado a licitación internacional, pero se debe considerar que esta obra es financiada con fondos locales y no requiere tecnología especial.
En la denuncia ampliada, Pankow pide investigar igualmente a Juan Carlos de Goycoechea, apoderado de la empresa Corsan-Corviam Isolux, quien firmó el contrato del superviaducto con el MOPC, con dirección Pitiantuta Nº 640, entre Siria y Juan de Salazar, y a Deloitte Paraguay, en Asunción, sobre la calle Estados Unidos Nº 415, 4º piso.
El profesional argumenta que, desde la denuncia presentada el 26 de mayo de 2017, ocurrieron hecho graves como la inundación del túnel, el 8 de junio pasado; un apagón general en toda la obra el 16 del mismo mes y la filtración de agua, días despúes, sin ninguna lluvia.
Asegura que estos acontecimientos ya son resultados de los recortes presupuestarios irregulares que ha denunciado y que había dicho que algunas de esas cosas irían a ocurrir.
Añade que hasta ahora la obra continúa, a pesar de que debió finalizar en marzo de 2017. "Ninguno de los denunciados por lesión de confianza y asociación criminal del MOPC en esta obra ha cuestionado esa demora, ni fueron aplicadas multas al contratista, sino por el contrario: se ufanan en todo tiempo de que la obra se terminó en tiempo y forma.
Pankow asevera que los seis denunciados y las dos empresas agregadas actuaron "en complicidad", encubriéndose como se ve en el informe que presentaron tres denunciados en una conferencia de prensa el 3 de agosto de 2017, con membrete de la empresa Deloitte, pero sin fecha y con una media firma sin aclarar a quién pertenece.
Añade que el ministerio presenta a Deloitte solo describiendo los recortes al proyecto, pero sin establecer los motivos o las justificaciones de esos cambios. "Al final, incluso, Deloitte aclara que no es responsable de perjuicios económicos en esa obra y recomienda buscar algún "asesor profesional.
El denunciante lamentó igualmente que, a dos meses de presentada la denuncia, la Fiscalía de Delitos Económicos no le ha llamado a declarar como denunciante para ratificarse, como es costumbre del Ministerio Público.
Sin embargo, añadió, aceptó la declaración de algunas personas que en nada podrían contribuir a esclarecer la investigación, ya que fueron presentadas por los denunciados. "Uno de ellos es el Ing. Julio Vidal Álvarez, quien fuera contratado por Corsan-Corviam y es el profesional que firmó los planos del proyecto modificado, siendo el responsable directo de los inconvenientes técnicos de la obra", expresa, entre otras cosas.