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El abogado Guillermo Duarte confirmó que hoy solicitaron al juez Hugo Sosa Pasmor intimar a la empresa Núcleo SA (que explota la telefónica Personal) a que entregue en un plazo máximo de 24 horas el informe sobre el cruce de llamadas correspondientes al 31 de marzo y 1 de abril de 2017.
La compañía había respondido con una negativa afirmando que ya pasaron los seis meses que establece la ley para conservar el detalle de las llamadas y los mensajes de estas líneas, por lo que ya no se encuentran disponibles.
Este mismo argumento fue utilizado por Telefónica Celular del Paraguay SA (Tigo) para alegar que ya no cuenta con la información requerida. Sin embargo, ya entregó su informe, según el abogado.
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Con estos datos se busca identificar a las personas que pudieron haber dado la orden a la Policía de atacar la sede del PLRA la madrugada del 1 de abril del año pasado, cuando un agente asesinó al dirigente Rodrigo Quintana, dentro de la Casa de la Libertad.
Sobre la información publicada en el diario La Nación (Grupo Cartes) que hace referencia a un facsímil que supuestamente tiene que ver con el 31M, señaló que lo entregado no hace referencia al requerimiento de la Fiscalía. “Hay cosas que nada tienen que ver con el 31M. Es un absurdo que nosotros hayamos cuestionado la negativa de Tigo si ya teníamos esto”, indicó el representante legal de la familia Quintana.
A continuación, cuestionó: “Aquí hay algo (…) A quién Tigo le entregó esa información, quién tiene esos extractos”.
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Los pedidos de informes fueron hechos mucho antes de que venciera el plazo de seis meses que la ley obliga a las compañías a almacenar informaciones de llamadas y mensajes de sus clientes. La inacción de la fiscala Fernández propició la situación actual.