Hoy se cumplen siete años de la sesión “mau” del Senado, donde 25 parlamentarios (colorados cartistas, liberales llanistas, del Frente Guasu y los dos de Unace) propiciaron un “golpe”, usurpando la presidencia de la Cámara Alta. Buscaban atropellar la Constitución para que sea reelegido Horacio Cartes. Se incendió el Parlamento y asesinaron a Rodrigo Quintana.
Durante la sesión ordinaria de ayer, el senador Líder Amarilla (PLRA) planteó a sus colegas crear una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de carácter transitoria para investigar hechos y procesos judiciales ocurridos el 31 de marzo del 2017 (31-M), cuando cartistas y sus aliados alistaban la “enmienda mau” para impulsar la reelección de Horacio Cartes.
El Ministerio Público dispuso el traslado de los agentes fiscales Stella Mary Cano, Esmilda Álvarez y Armando Cantero, de cuestionada gestión. La primera fue criticada por no apelar el sobreseimiento al exintendente Mario Ferreiro en un juicio por falsificación de documentos; la segunda por imputar a cinco dirigentes del PLRA en las pesquisas del crimen de Rodrigo Quintana y el tercero fue denunciado por presuntamente recibir sobornos del narcotraficante brasileño “Minotauro”.
Tras la quema parcial del Congreso, del ataque al PLRA y el asesinato a Rodrigo Quintana, el entonces presidente Horacio Cartes acusó a la oposición de intentar un “golpe” en su contra y el hoy presidenciable colorado, Santiago Peña, sostenía que la crisis no afectaría económicamente al país. Las autoridades policiales eran destituidas y ya se alistaba el cuento de que el policía que ultimó a Quintana “actuó solo”. Hubo actos de repudio en todo el país contra senadores.
Se cumple el sexto aniversario del 31M, crisis política financiada por Horacio Cartes y respaldada por Fernando Lugo para habilitar la reelección presidencial. Un Senado “mau” atropelló la Constitución, pelotones antimotines reprimieron salvajemente y los manifestantes incendiaron el Congreso. La policía inició una cacería humana en el microcentro que concluyó con el atraco y un asesinato dentro del PLRA.
“En el 2017, prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para un segundo mandato en el 2018″, señala la acusación del Gobierno de Estados Unidos, en la fundamentación de su sanción financiera al expresidente Horacio Cartes, en enero pasado. Ayer, el Senado pidió auditar el cruce de llamadas.