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La ordenanza, de fecha 30 de noviembre, está firmada por el gobernador de San Pedro Vicente Rodríguez y otros funcionarios de la mencionada instancia. De hecho, la solicitud a la Junta Departamental fue hecha por él, según se describe en el documento aprobado.
La Junta Departamental resolvió “solicitar a las instituciones públicas, privadas y entes internacionales que destinen recursos para la asistencia humanitaria e intervención en su medio de vida a las poblaciones afectadas”, indica el texto.
Explican que las crecidas de los ríos Paraguay, Jejuí, Guazú, Aguaray y Aguaraymi, y sus afluentes; atribuidas a las intensas lluvias atípicas, han inundado las casas y han dejado a los pobladores sin fuentes de ingresos, unidades productivas, sustento y medios de vida.
Pese a la buena intención, se observa que la gobernación no cuenta con los recursos propios para hacer frente a esta urgencia. La asistencia, una vez que se logre juntar el dinero solicitado a varios organismos, será coordinada por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), establecido por el Consejo Departamental de Gestión y Reducción de Riesgos y Desastres, con asiento en la Gobernación de San Pedro.
Cientos de viviendas quedaron bajo agua por el desborde de los ríos en numerosos distritos de este departamento. Según las quejas, los damnificados no recibieron ayuda de instituciones del Estado y sobreviven con donaciones de la ciudadanía.
Los más afectados por la crecida de los ríos son este distrito, Santa Rosa del Aguaray, Nueva Germania, Tacuatí Lima, San Pablo y Puerto Antequera. Según los datos, se registran unas 2.000 familias damnificadas a nivel del segundo departamento y están desesperadas ante los desbordes de los distintos cauces hídricos que riegan el segundo departamento.