Los oficiales de justicia Aníbal Ramírez y Edith Ojeda Zárate llegaron a las 07:00, tiempo marcado para el inicio del operativo, pero los efectivos policiales no se hicieron presentes.

Los miembros de la Coordinadora Vecinal San Roque González de Santacruz reiteraron su decisión de denunciar al Ministro del Interior y a la cúpula policial por desacato al mandato judical, tal como lo establece la Ley 4.711.

Los oficiales de justicia esperaron varias horas en el lugar, pero los efectivos policiales prometidos para acompañar el operativo nunca llegaron. La fiscala Edith Ojeda Zárate informó que solicitaron la presencia de 120 efectivos de las fuerzas del orden, pero recibieron la promesa de que serían enviados 50 miembros de antimotines para el operativo.

Una vez en el lugar donde debía efectuarse el desahucio de los ocupantes de unas 300 hectáreas de las casi 2.000 hectáreas que poseen ambas fincas y cuyo título posee la Coordinadora Vecinal, se encontraron con que las fuerzas del orden no aparecieron ni tampoco notificaron sobre el motivo de la ausencia.

Ante esta situación labraron acta de la suspensión del procedimiento por falta de acompañamiento de las fuerzas del orden y se retiraron tras varias horas de espera.

El 26 de julio del año pasado, la jueza Máxima Meza libró la orden de desalojo. Desde entonces, Aníbal Ramírez manifestó que remitieron varias solicitudes al Ministerio del Interior y a los jefes policiales para cumplir el mandato, pero siempre recibieron excusas.

El 30 de diciembre del año pasado, la magistrada Meza reiteró el oficio tanto al Ministro del Interior como a la Comandancia de la Policía, bajo apercibimiento, para que se cumpla la orden, pero una vez más incumplieron el mandato judicial.

Odir Gobbi, presidente de la Coordinadora Vecinal, manifestó que este hecho demuestra que la inseguridad y falta de garantía para quienes quieren trabajar se mantiene igual que en la época del presidente Fernando Lugo.

Los colonos fueron invadidos por carperos en 2008 y desde entonces no pueden cultivar sus parcelas, mientras que los invasores lo hacen con toda tranquilidad.

Mario Vega, representante legal de la Coordinadora Vecinal, señaló que es evidente que existe un fuerte intereses económico y político en el lugar, ya que los invasores, en 2012, arrendaron 200 hectáreas para el cultivo intensivo y se comprometieron a proteger al arrendatario con medios legales e ilegales.

Vega informó que una vez los oficiales de justicia informen al juzgado, presentará la denuncia contra el titular de la cartera del Interior y la cúpula policial, por desacato, y que están estudiando la posibilidad de presentar querella por daños y perjuicios.