Desde septiembre pasado está pendiente de estudio la recusación que había planteado el exjuez Alberto Sosa contra la magistrada Dina Marchuk; el mismo había argumentado para apartar a la jueza que en los años en que fueron compañeros la jueza nunca lo saludó.

A raíz de ello hasta el momento la magistrada no puede admitir la imputación en contra del exjuez, para posteriormente convocarlo para su audiencia de imposición de medidas, por ende el proceso no se ha iniciado oficialmente.

Los fiscales Martín Morínigo y Andrés Arriola imputaron al magistrado por quebrantamiento de depósito, que según el artículo 298 del Código Penal tiene una expectativa de pena de hasta cinco años o multa, cuando se trata de sustracción de objetos que se le hayan confiado a un funcionario público.

El juzgado del magistrado fue auditado y se había encontrado un millonario faltante en mercaderías incautadas en varios procedimientos.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había resuelto removerlo de su cargo de juez penal de garantías de Luque, dado que se comprobó que incurrió en “mal desempeño de sus funciones”, luego de haber otorgado medidas sustitutivas a la prisión preventiva a un imputado en el marco del asalto e intento de asesinato a la joven estudiante Camila Cabriza, hecho ocurrido en Luque a inicios de abril pasado.