La normativa establece los procedimientos a ser adoptados mientras las víctimas permanezcan privadas de su libertad.
Una vez en conocimiento de un caso de secuestro, el Ministerio Público podrá disponer de los bienes de la víctima, a fin de evitar el pago del rescate y desalentar los plagios, detalla la Presidencia en su página web.
La ley también limita las sumas de las operaciones bancarias de los familiares de los secuestrados.
Los retiros de montos que no estén bajo custodia judicial deberán ser informados por las entidades al Ministerio Público, agrega la página.
Los bancos y financieras que no proporcionen dichos datos deberán pagar al Estado la cifra equivalente a 6.000 salarios mínimos.
EMPRESAS DE TELEFONÍA
La ley también dispone que las empresas de telefonía celular adecuen sus equipamientos para cooperar con las autoridades en los casos de secuestro.