La fiscala electoral Myrian González informó que este lunes acompañará un operativo de la Municipalidad de Asunción en que retirarán varias propagandas electorales extemporáneas fijadas en la capital.
Entre ellas se encuentra el caso del cartel fijado en un muro -sobre una colorida obra pintada por un artista argentino de la organización “Latido americano”- de los cartistas Carlos Núñez (senador) y Carlos Viveros (diputado), que causó mucha polémica la semana pasada, debido además a la violación del Código Electoral. Los gastos correrán por cuenta de los responsables, según lo establece la carta orgánica municipal.
Sobre este muro, que se encuentra en Mariscal López entre Tacuarí y Estados Unidos, uno de los precandidatos -Carlos Viveros- había alegado que esa pared “fue muy linda hasta lo que duró porque tenía muchos años y tuvimos que levantar”, fundamentación que resultó ser una mentira, según la organización Centro Histórico de Asunción (CHA), que proporcionó fotografías que prueban que nunca hubo un derrumbe.
“Yo, como fiscal electoral, no puedo abrir investigaciones”, argumentó la fiscala, por lo que la denuncia formulada por la Comuna fue remitida a la Fiscalía Penal, ya que se trata de un delito que se configura bajo la figura de hecho punible contra la seguridad y convivencia de las personas y, como dicha unidad se encuentra sin titular actualmente, probablemente se deba esperar unas semanas para el inicio de las investigaciones.
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Explicó además que, si bien existe un vacío legal en el Código Electoral y en el Código Penal, que establecen sanciones para los transgresores solo dos días antes de que se celebren las elecciones, la ley orgánica municipal establece sanciones para esos infractores. “Las municipalidades pueden sancionar a esos precandidatos e incluso a esos partidos políticos, porque para fijar los carteles además se debe solicitar un permiso a la Comuna, que debe expedirse sobre eso”, indicó en diálogo con ABC Color.
Las sanciones, que están establecidas en la ordenanza 3 del año 1993, establecen la eliminación de la propaganda extemporánea e incluso la suspensión de dichos candidatos a volver a fijar carteles proselitistas.