El agente fiscal informó que también están imputadas por el caso las dos mujeres, actualmente detenidas. Por un lado, Claudia Carolina Leggio fue incriminada por los hechos punibles de extorsión, coacción, privación de libertad (que conlleva una expectativa de 8 años de pena carcelaria) y asociación criminal.

Por su lado, Froilana González fue imputada por los hechos punibles de extorsión, privación de Libertad (que también prevé una expectativa de 8 años de pena); y por coacción y por asociación Criminal, que igualmente le puede costar 3 años de cárcel.

Por su parte, Gilberto David Da Silva Rodríguez fue imputado solo por asociación criminal (cuya expectativa de pena es de 3 años de cárcel), dado que habría tenido un grado de participación menor en el presunto delito, en tanto que Emilio David Benítez Samudio fue desvinculado del caso.

De acuerdo al Artículo 124, del Código Penal, cuando una persona es privada de su libertad para que haga o no haga algo, o tolere una determinada situación, se configura los citados hechos punibles.

El fiscal explicó que se configuraría la asociación criminal, porque existe un vínculo entre las personas indiciadas para cometer la supuesta ilegalidad, que fue materializada en la vivienda de uno de ellos.

De acuerdo a los antecedentes, el objetivo de estos hechos habría sido la “devolución forzosa” de un pago realizado por “trabajos judiciales” no cumplidos por Lauro Olmedo.

Cazal insistió en que todas las evidencias testimoniales y documentales apuntan a que fue víctima de una extorsión. "Estamos haciendo diligencias que todavía están en una etapa incipiente de la investigación y podría haber más gente involucrada", subrayó.