Su concuñada filtró datos

La semana pasada, Cristina Arrom había dicho en su declaración ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no conocía a María Edith Bordón. Su hermano Juan Arrom, quien reclama al Estado paraguayo al menos US$ 63.000.000 por supuesta tortura, aseguró que no conocía el caso del secuestro de Bordón de Debernardi, ocurrido en noviembre de 2001.

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“Mienten con un cinismo. Son descarados”, dijo María Edith Bordón de Debernardi este miércoles en visita a radio ABC Cardinal, donde recordó que Cristina Arrom fue inclusive la persona que contuvo psicológicamente a sus hijos durante su secuestro. Quien sospechó de la filtración de datos desde su casa fue su esposo, el recientemente fallecido Antonio Debernardi, quien secretamente mandó instalar cámaras dentro de su casa.

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Por ejemplo, una de las cuestiones más llamativas fue que durante su cautiverio los secuestradores le inyectaban flexicamina, un medicamento necesario para un tratamiento que seguía, dijo María Edith. Quien solo tenía esa información era su hermano, Guillermo Bordón, quien estaba casado con Marina Arrom, hermana de Juan y Cristina. 

María Edith manifestó que vio a Juan Arrom una vez durante su secuestro, cuando fue junto a ella en el pozo de la casa donde estaba cautiva. Confesó que entonces no se percató de quién era y que fue él quien le informó que por lo que estaba pasando era un secuestro y que iban a pedir dinero para su rescate. La secuestrada recién se percató de quién era cuando fue liberada y le mostraron la foto de Arrom.

“Como 15 días antes Antonio ya sabía. Él no decía nada, era muy reservado. Cuando se supo todo, mi hermano enseguida se separó de Marina”, sostuvo.

Otra de las cuestiones que Bordón también contó hoy fue que su propio marido participó de la entrega de la primera parte del dinero de su rescate y que, a raíz de la fotografía que pudo hacer, logró identificar a Gilberto Setrini como uno de los secuestradores. “Ahora, que él ya no está, puedo contar esto”, dijo.

María Edith Bordón remarcó que fue Anuncio Martí uno de los que la secuestraron del parque Ñu Guasu en 2001 y quien le pegó en la espalda en reiteradas ocasiones después de privarle de su libertad. Fue también él quien la ubicó en una celda subterránea en donde permaneció.

“Cuando me llevaron estaban armados estos señores. El que subió conmigo atrás me empujó y me apretó la espalda para que no pueda ver el camino. Pero intuí que era hacia Luque. Me pusieron una bolsa tipo arpillera por la cabeza (...) Supe que era Martí el que me golpeó por la espalda. Me bajaron a un lugar en donde no entendía qué era y allí recién me sacaron la bolsa. Estaba dentro de un pozo. Dentro de ese pozo había una celda de hierro con un candado grande”, relató.

En un determinado momento, Bordón se percató de que estaban cavando en el jardín de la casa en donde estaba y preguntó si la iban a matar. Los secuestradores le dijeron que no y ella respondió: “No soy tonta”. “Pensé que me iban a matar y tirar allí”, dijo.

El fiscal Édgar Sánchez, quien investigó la supuesta tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí por parte de la Policía, manifestó que el Ministerio Público logró comprobar que ningún agente o funcionario público participó del supuesto hecho. Agregó que tampoco nadie mencionó al expresidente Luis Ángel González Macchi dentro del caso.

Sánchez recordó que Arrom no quería apartarse de Martí en los procesos de identificación de supuestos autores y detalló que, cuando se les pidió que se haga el identikit de los supuestos torturadores, Martí se negó a hacerlo porque no vio lo que dibujó Arrom. “Ese juicio terminó con el sobreseimiento de las personas (...) Nos dimos cuenta que la historia de ellos se iba cayendo”, aseguró.

El agente recordó que Arrom y Martí indicaron que sus agresores eran policías vestidos de particular. Entonces, pidieron a la Policía el listado de los funcionarios que estaban autorizados a actuar sin uniforme. La Policía envió un listado de 111 personas y la Fiscalía pidió la ficha de cada uno de ellos. Arrom y Martí no les identificaron.

“Lo simpático es que después de eso ellos salieron a decir que la identificación fue selectiva. Que habíamos sacado a los sospechosos”, indicó Sánchez.

Sandra Quiñónez, quien investigó el caso y ahora ocupa el cargo de fiscala general del Estado, recordó que Arrom y Martí se escaparon del país dos días antes del juicio oral y público por el secuestro, en agosto de 2003. “Él estaba litigando en libertad”, recordó. En ese momento, Juan Arrom había pugnado por un curul en el Senado y su hermana Cristina Arrom en Diputados.

La fiscala general dijo que muchas evidencias también se incautaron en un operativo en Sanguina Cue, en 2003, donde fue capturada Carmen Villalba, una de las líderes del EPP. “Una parte de los que estuvieron durante el cautiverio de la señora María Edith (...) no pudimos identificarlos. Pero luego cayeron en el caso de Cecilia Cubas”, contó Quiñónez.

Rogelio Ortúzar, otro de los agentes que investigaron el caso, afirmó que todos los indicios daban a entender que iban a matar a María Edith. “Las pruebas había por doquier, eso había que concatenar y dar un sentido. La señora es un milagro que esté con nosotros. Creí que iban a matarla porque es un patrón que ellos tienen a seguir. Eso se supo con las pruebas, con el intercambio de e-mails con Rodrigo Granda.

Aquí es donde aparece el “asesoramiento” de las FARC, cuyo vínculo con los secuestradores se desveló en 2009, a través de unos correos electrónicos.

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Estando prófugos de la justicia paraguaya y no habiendo agotado todas las instancias judiciales, Arrom y Martí plantearon la demanda contra el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahora llegó a la instancia final.

Datos oficiales señalan que Arrom solicita US$ 20,5 millones y sus familiares, US$ 14 millones (US$ 34,5 millones en total). En tanto, el otro prófugo de la justicia paraguaya, Anuncio Martí, reclama US$ 20,5 millones y sus familiares, US$ 8 millones (US$ 28,5 millones). En total la suma asciende a US$ 63 millones.

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Sin embargo, Arrom señaló en la audiencia pública que su reclamo “simbólico” asciende a US$ 50 millones. Supuso que su compañero Martí también reclamaría el mismo monto, con lo cual totalizarían US$ 100 millones. El reclamo es porque supuestamente autoridades policiales los secuestraron y torturaron en el año 2002.

En sus declaraciones, Juan Arrom y su hermana Cristina Arrom cayeron en varias contradicciones y los jueces de la Corte IDH les hicieron preguntas y repreguntas que dejaron en evidencia algunos puntos oscuros.