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Guardias de una empresa de seguridad llegaron hasta la propiedad de la familia Eisen, rompieron los portones e ingresaron al inmueble. Lograron sorprender a los trabajadores del lugar y arrinconarlos en un sector de la propiedad. Aquellos que intentaron resistirse fueron golpeados, inclusive se efectuaron disparos intimidatorios.
Los propietarios del inmueble no se encontraban en el lugar en el momento del asalto. Esta circunstancia fue aprovechada para destruir enseres de la familia y tomar como rehenes a sus empleados, dedicados al cuidado de granos.
Un oficial de justicia, cuyo nombre se desconocí aún, tuvo a su cargo el operativo. Tenía en sus manos un mandato judicial firmado en julio último por el juez Emilio Gómez Barrios. El documento no cuenta con oficio y la localización del inmueble es incorrecta, por lo tanto de cumplimiento nulo.
El ingreso en la propiedad no fue realizado por efectivos de la fuerza pública sino por guardias civiles de una empresa privada. Si bien una pequeña dotación policial estuvo en el sitio en el momento del atropello, el acceso a la finca fue responsabilidad de civiles dirigidos por el oficial de justicia.
Alrededor de las 17:00 llegó al sitio el fiscal Daniel Vergara. Este agente del Ministerio Público se limitó a labrar un acta y a ordenar a Policía Nacional que tome las armas de los guardias privados.
En ese ínterin, los integrantes de la familia Eisen junto con sus abogados tomaron la decisión de ingresar en la propiedad. Una vez dentro liberaron a los empleados, algunos de los cuales se encontraban maniatados.
El fiscal Daniel Vergara, a pesar del flagrante atropello a una propiedad legítima, no ordenó el desalojo de las personas dirigidas por Geovani Luiz Tonel y María Magdalena Díaz Vda. de Dirks, quienes quedaron en un extremo del inmueble; del otro lado estaban el dueño del establecimiento Vilmar Eisen y sus empleados junto con sus abogados.
El temor es que pudiera llegar a producirse un enfrentamiento entre ambos bandos, y sin importar quién pudiera iniciar, el resultado de la violencia siempre es preocupante.
En la comandancia de la Policía Nacional confirmaron que no se comunicó previamente del operativo y desde la jefatura departamental, en Encarnación, coincidieron en señalar que no se recibió orden alguna para acompañar al oficial de justicia que llevó guardias civiles armados.
Se tienen sospechas de que el viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, Jalil Rachid, habría autorizado el acompañamiento policial al oficial de justicia, sin el visto bueno de la comandancia de la Policía Nacional.
Por otro lado, surgieron versiones de que el financista de la operación sería Luis Rolón, conocido en la región como traficante de cigarrillos. El objetivo sería instalar una pista de aviación para enviar cigarrillos de contrabando a la Argentina, pero para ello se busca desalojar de su propiedad a la familia Eisen. Si esto se concreta, sería la tercera vez que son sacados a la fuerza en un lapso de dos años.
Geovani Luiz tonel y María Magdalena Díaz Vda. de Dirks integran el equipo de Luis Aníbal Schupp y Nivaldo Ourikes Kestring, quienes desde julio de 2014 buscan como usurpar esa propiedad legítima.
La Corte Suprema de Justicia ratificó por autointerlocutorio que el inmueble de 1.742 hectáreas, ubicado en Mayor Otaño, Itapúa, pertenece a la familia Eisen.