Cumplir la ley, “un dilema”

“Es todo un dilema con los funcionarios de las binacionales”, justificó la ministra de la Función Pública, Cristina Bogado, pese a la prohibición de doble cobro en el Estado. Se lavó las manos ante un plan de blanqueo a Víctor Bogado y la “niñera de oro”.

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El representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Carlos Raúl Cabrera (cartista que continúa en este Gobierno), tiene todo allanado para asestar un doble golpe al Estado. Mediante una acción judicial logró un fallo que le permite cobrar doble salario (en Itaipú y en el Consejo de la Magistratura), con lo que, además de hacerse con los dos jugosos salarios, abrirá una puerta para que otros funcionarios planteen lo mismo, entre ellos Gabriela Quintana, la "niñera de oro".

"Muchos funcionarios del Estado se presentan con una acción de inconstitucionalidad, o una orden judicial en este caso, y bueno, cuando la Corte es la que determina es lo que está primando", justificó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), alegando que no pueden hacer nada para impedir el doble cobro en este caso, pese a la claridad de la Ley 700/96. 

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Justamente, la ley arriba mencionada, "que dispone la prohibición de doble remuneración", establece claramente en su artículo 2º: "A los efectos de esta Ley es funcionario o empleado público toda persona designada para ocupar un cargo presupuestado en la administración pública nacional, departamental, municipal, entes autónomos, autárquicos, descentralizados y binacionales".

"Es todo un dilema el tema de los funcionarios. La ley dice claramente eso (la prohibición de doble cobro incluso para los funcionarios de la binacionales) y está la ley del servicio de la relación laboral que se rige por el Código Civil, pero es todo un dilema porque realmente se tienen que aclarar una serie de disposiciones con relación a la situación de funcionarios o no funcionarios. La Ley 1.626/2000 establece quiénes son funcionarios públicos y existen algunas contradicciones o cuestiones que suscita esta situación", expresó.

Sin embargo, la Ley 1.626/2000 De la Función Pública no establece ninguna excepción ni controversia sobre si los funcionarios de las binacionales son o no funcionarios públicos.

"La institución (a mi cargo) es la encargada de establecer en su caso la excepción a la doble remuneración; es un órgano de aplicación también de la ley, pero en las cuestiones en que la Corte y el Tribunal de Cuentas se expiden, entonces llegan con sus acciones de inconstitucionalidad. Eso es lo que ocurre en diferentes casos", agregó, refiriendo que su ente recibe una serie de acciones judiciales de funcionarios que buscan inhibirse de esta ley.

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