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Según la acusación, el exintendente César Balbuena (PLRA) y el extesorero de la Comuna, Eladio Chamorro, supuestamente ocasionaron un perjuicio patrimonial superior a G. 303 millones de los recursos del Fondo Nacional para la Inversión y el Desarrollo (Fonacide) a la Municipalidad local. Estos recursos debían ser destinados a obras en instituciones educativas, pero ellas existen solo en papeles ya que nunca se llevaron a cabo, de acuerdo con las denuncias.
Fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) presentaron durante la investigación actas de verificaciones en las que se constataron que la mayoría de las obras que figuraban en los documentos, como construcciones en las instituciones educativas, no se realizaron.
En el escrito la defensa de Balbuena solicita anular toda la investigación fiscal y las pruebas recolectadas durante el proceso, por haber supuestamente violadas principios constitucionales, tales como la presunción de inocencia.
Citan como ejemplo que la denuncia presentada por los entonces concejales colorados Miguel Olmedo, Nancy Balbuena de Vera, Wilfrido Balbuena y Hugo Fretes, “no es otra cosa que la intromisión de un poder del Estado en el órgano encargado del ejercicio de la acción penal pública como es el Ministerio Público…” (sic)
La fiscal Sunilda Gonzalez de Martinez, calificó la presentación realizada como totalmente inadmisible y al solo objeto de dilatar una vez más el proceso.
Ahora la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad de rechazar in limine el recurso por carecer de argumentos suficientes o declarar la inconstitucionalidad.
Antecedente
César Balbuena fue imputado en marzo del 2015 y estuvo con prisión preventiva por unos 10 diez días y luego fue beneficiado con medidas alternativas. En el informe pericial del laboratorio forense del Ministerio Público, elaborado por el licenciado Javier Rojas, se determinó con certeza, conforme a la documentación analizada, que los acusados incurrieron en el delito de lesión de confianza.
La fiscala Sunilda González de Martínez en su escrito califica la conducta del exintendente como antijurídica, reprochable y punible.
Agrega que el acusado traicionó la confianza depositada por la ciudadanía que lo eligió para velar por sus intereses y beneficiar a la comunidad.
Mejoras fantasma
Entre las obras fantasma constatadas por la CGR figuran la pintura completa de la escuela Victorino Torres, por G. 13 millones, y también la construcción de pistas, graderías y tinglado en el colegio Santa Elena, por G. 284 millones. En esta última institución solo se construyeron una pista de mala calidad y una parte de la gradería, por unos G. 100 millones.