Terminando el primer cuarto del siglo XXI, es una obviedad afirmar que en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, un país no puede aspirar a un desarrollo sostenible sin consolidar una economía del conocimiento. En Paraguay, la reciente estabilidad macroeconómica —inflación controlada (4,4 %), riesgo país en 180 puntos y reservas equivalentes al 25 % del PIB— crea una plataforma excelente para impulsar esta transición. El desafío ahora es aprovechar esa base para cerrar brechas estructurales en educación, institucionalidad y producción de valor agregado.
Lamentablemente no todo son datos positivos: indicadores claves como el Índice de Innovación Global, donde el país obtuvo apenas 21,9 puntos en 2024, por debajo del promedio regional (31,6); una inversión pobre en I + D, que representa apenas 0,14 % del PIB; o el Global Knowledge Index, con la posición 99 de 141 países evaluados, reflejan un crecimiento modesto comparado con otras naciones latinoamericanas y emergentes de Asia o África. Para revertirlo, es preciso un esfuerzo concertado que incluya al sector público, academia, empresas y sociedad civil.
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El rol del Estado —a través del Conacyt— es central en la articulación de políticas de ciencia, tecnología e innovación. Si bien esta entidad dispone de una estructura normativa desde 2003, necesita fortalecer recursos financieros y operativos para convertirse en catalizadora de proyectos nacionales. Además, la mejora de los servicios públicos, especialmente en educación y salud, resulta imprescindible para maximizar el capital humano potencial.
Las universidades tienen un rol estratégico en el tránsito hacia una economía basada en el conocimiento. Además de la Universidad Nacional de Asunción, con su vasta comunidad académica, o el Inaes, con sus iniciativas de investigación, innovación y divulgación, es necesaria la incorporación de instituciones públicas de educación superior en el interior, apuntando a sectores estratégicos para evitar un crecimiento desordenado del país y la creación de brechas sociales y de conocimiento. No debe olvidarse a las universidades privadas, que deben invertir en posgrados, centros de innovación y alianzas internacionales, contribuyendo a una oferta formativa diversificada y orientada a las necesidades nacionales, consolidando mecanismos efectivos de transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo y las políticas públicas.
El sector privado, por su parte, debe salir del esquema extractivo tradicional -centrado en materias primas y energía barata- y asumir un rol activo en innovación y desarrollo local para evitar casos como el de Bitfarms en Villarrica, invirtiendo en desarrollo tecnológico, adoptando procesos de economía circular, impulsando startups y asumiendo responsabilidad social.
Finalmente, no debemos olvidarnos de la sociedad civil, clave en el desarrollo de un país a partir de alianzas entre ONG, empresas y Estado, que han demostrado que una gobernanza multisectorial habilita avances concretos que pueden ser escalados y replicados en otros sectores, desde la agroindustria hasta la salud digital.
En definitiva, una estrategia paraguaya para la economía del conocimiento debe fortalecer el Conacyt con más presupuesto, capacidad técnica y liderazgo multisectorial; afrontar una reforma educativa que mejore la calidad y enfoque en ciencia y tecnología desde la primaria hasta la universidad; crear redes de investigación que conecten universidades, institutos como el INTN, empresas y gobiernos para proyectos colaborativos; y finalmente implementar incentivos como créditos y fondos para pymes tecnológicas. Todo ello promoviendo la cultura digital y la participación ciudadana en proyectos innovadores.