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Hoy, con más razón, la ciudadanía debe consumir la tradicional bebida del 1 de agosto porque este Operativo Cicatriz va a liquidar nuestra democracia.
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La economía ya se está destruyendo a pasos agigantados, de paso la libertad de las personas. Todo por culpa de la falta de un plan serio y de la ausencia de agallas para liquidar la corrupción instalada como una pandemia en las instituciones públicas.
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Nadie está preso todavía y varios millones de guaraníes ya se fueron a parar a bolsillos ajenos. Tímidamente están imputados por la Fiscalía de Sandra Quiñónez. Por lo visto estos ñembo empresarios tienen buenos “padrinos” colorados.
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Lo curioso del caso es que están imputados por estafa nomás. ¿No debería ser lesión de confianza? La diferencia está en que en un delito aparecen solo los responsables de la empresa como culpables y en el otro hay complicidad con los funcionarios públicos.
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El famoso “caiga quien caiga” todavía no está apareciendo y con el “cogobierno” ya se archivó el eslogan propagandístico.
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Abdo exhortó ayer que no imiten el ejemplo de Ciudad del Este, que reaccionó ante la falta de plan del “cogobierno de la gente”. Obviamente no le conviene al jefe de Estado que la ciudadanía se levante contra sus desacertadas decisiones y la falta de respuesta a graves problemas nacionales.
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¿Cierto que los “popeyes” del Este les cobran por día US$ 100 a árabes para entrar y salir del país? Había sido que la frontera no estaba tan cerrada.
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¿Quedarán impunes los groseros enriquecimientos ilícitos que se publican todos los días? Por lo visto para la fiscala Quiñónez es más grave manifestarse en tiempos de pandemia que enriquecerse sin justificar el origen del dinero.
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Al jefe de la Comisaría 10ª Metropolitana, Ever Caballero, parece que no le importa que en su jurisdicción se multipliquen los robos, especialmente en los barrios Salvador del Mundo, Madame Lynch, Mbocayaty y otros. Se hace la denuncia pública y nada pasa.
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Al parecer están más interesados en custodiar comercios que a casas particulares.
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Un fuego cruzado hay entre el Hospital Nacional de Itauguá y una “Comisión” por la suspensión de la compra de cámaras en la Terapia Intensiva Respiratoria.