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Tal como estaba previsto, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que puso de patas para arribar la Constitución Nacional.

ÑEE/24/09/2020
ÑEE/24/09/2020Caló, ABC Color

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Si bien la Carta Magna establece que todos somos iguales ante la ley, oficializó por ley lo que en la práctica ya se venía haciendo: otorgar salarios de oro a los funcionarios de las binacionales.

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En Itaipú y Yacyretá se ubican los ahijados y correligionarios de los “caudillos” de turno, mayoritariamente colorados. Ni Lugaucho se resistió a la tentación de nombrar a sus “compañeros” de ruta. Entre ellos su yerno quien le dio una verdadera patada a la pobreza impunemente como muchos otros personajetes.

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La lista es interminable. No olvidamos al impresentable de Luis F. Canillas, al dirigente deportivo y en sus ratos libres funcionario Marquitos Caner, al “donador” de tapabocas Raúl Silva, entre otros.

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Y hablando de los “cuates” de la Dinac, uno de los beneficiados junto a “Beto” Melgarejo es el hijo de un juez y de una fiscala. El “chico” se desempeñaba como jefe de la UOC, cargo superclave.

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De a poco se irán “blanqueando” los “afiliados” de la Operación Cicatriz, que no otra cosa que una versión 2.0 de la frase stronista: “Para los amigos todo, a los indiferentes la ley y a los enemigos palo”. Pero ese “palo” que estaba en manos de la Policía de Montanaro, ahora está a cargo del Ministerio Público.

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Ayer mientras un asaltabancos fue sobreseído, a la velocidad del rayo ya se solicitó el juicio oral a María Esther Roa, una de las líderes de la organización que protesta contra la corrupción.

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En pocas semanas más no sería nada raro que condenen a Roa y perdonen a los “cuatro mosqueteros” de los audios filtrados: “Peluquín”, Oviedo Matto, Carmelo y “el partner”.

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Si la maasonería es motivo de pelea en medio de las fuerzas de seguridad, estamos todos locos. Hay un nuevo secuestro en curso y las autoridades están jugando “pulseada” sobre qué logia manda más.

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Y en el otro escenario pugilístico gubernamental hay un especie que “moquete verbal” entre los ministros Petta y Benigno. En este caso el funcionario de Hacienda tiene toda la razón: la realidad está por encima de la ley, desde el punto de vista financiero.

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Si el intendente de Limpio era liberal no cartista o de otro partido opositor, ya le iban a rajar a patadas por la “coloradización” de un arroyo. Pero le perdonan. Es más, el abogado de la empresa cuestionada es un senador suplente cartista.

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