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“Peluquín” y sus “partners” están preparadísimos para hacer una caravana desde el barrio Sajonia hasta Luque para festejar el “blanqueo”.
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Cuentan los que saben que no será unánime el fallo firmado por los integrantes del Tribunal de Sentencia, conformado por Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Héctor Capurro.
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Los miembros del Tribunal pisotearán el pedido de los fiscales investigadores, que solicitan hasta siete años de pena privativa de libertad para “Peluquín”.
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Si OGD llega a tener una condena de siete años, estaremos en condiciones de decir que hubo un verdadero divorcio entre la Justicia y el poder político. Pero eso no va a ocurrir...
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El exsenador Oviedo Matto (Unace) a viva voz lo dijo en la sala del juicio oral y público que un tal Horacio iba a “operar” para que sean blanqueados. ¿Será que hoy le conoceremos a este personaje? ¿Quién será? Evidentemente tiene mucho poder.
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“Peluquín” anunció también que volverá a la arena política en breve, tras retirar su certificado de “inocencia”. Ningún juez o tribunal se animará a cortarle la carrera política al “brazo derecho” de Achecé. Ni siquiera un ministro de la Corte.
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Es más, días pasados el senador cartista Tony Barrios se descuidó gua’u y divulgó la filmación de la reunión en “el quincho del poder” con Achecé y OGD. El mensaje fue dirigido directamente a la Justicia.
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Es casi como la cabeza del caballo purasangre en la cama con sábanas de seda del productor de cine en la trilogía El Padrino.
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Pero hoy sabremos si a la Justicia paraguaya le siguen temblando las manos a la hora de firmar sentencias contra los poderosos. Este caso es emblemático. Si hay perdón, estamos fritos.
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Además, haremos un papelón mundial. Seguiremos siendo un país aguantadero. El Gobierno de EE.UU. por ejemplo les declaró a OGD y al ex fiscal general del Estado Díaz Verón como “significativamente corruptos” y les prohibió a estos dos personajes y a sus familiares el ingreso de por vida al país del Norte.
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¿El Ejecutivo cree que con la renuncia del procurador Sergio Coscia se soluciona todo? Tienen que rodar más cabezas como la del titular de Petropar, Denis Lichi (ANR), y otros implicados que hasta ahora no sabemos quiénes son pero lo sospechamos.
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Si el Gobierno que dice ser de la gente todavía hace flamear su bandera electoral de “caiga quien caiga”, debe proceder a una investigación profunda de este y otros casos porque como se sabe hay otras posibles transadas en la petrolera estatal.
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Hasta ahora la Fiscalía de Sandra Quiñónez no dijo nada sobre el tema. Al menos deberían abrir una carpeta fiscal... como mínimo. Estamos hablando de un caso de US$ 7 millones, de un acuerdo secreto homologado por un juez, del dinero de los contribuyentes que iba a ir a parar en un 42% a los bolsillos gua’u de un abogado que ni siquiera es TOP.
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Evidentemente que algunos personajes del Gobierno y aliados de algún bufete de abogados iban a picotear cerca de 3 palenques verdes. Calladamente estaban haciendo “su aguinaldo”.
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Lo raro de este caso es que no pudieron ponerle a un “Joselo” como en ocasiones anteriores.
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Vamos a ver qué hacen la Municipalidad de Asunción y el Congreso Nacional en la zona afectada por el incendio detrás de El Cabildo. Como estamos a seis meses de las internas municipales no sería nada raro que vuelvan a construir viviendas precarias en el mismo sitio.
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Cuentan los que saben que un tal Rubén ya está haciendo campaña para ser diputado.