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Si le ponen la misma garra para traer más vacunas para toda la población sería magnífico. Pero no pasa nada. Hay una inutilidad terrible.
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Los fatos de las binacionales se huelen desde la distancia. Hay clanes familiares enteros instalados en estos entes, que si rindieran un examen de ingreso, sacarían un cero más grande que sus cabezas.
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Si no le dejan entrar a la Contraloría es porque están jugando carnaval con la plata mientras la ciudadanía suplica un balón de oxígeno, una cama y buena atención en salud pública.
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¿Cómo se le puede imputar a un funcionario de la binacional por supuesta lesión de confianza, si no dejan ver los números? Ahí está la clave. Todos salen impunes porque no permiten exhibir las planillas.
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Si se llegan a fiscalizar las administraciones, muchos funcionarios tendrán que ir a Tacumbú, Emboscada o al Buen Pastor sin escala.
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La directora jurídica de Itaipú, Magnolia Mendoza, pareja del senador colorado “Trato Apu’a”, se enreda en justificaciones para no exhibir las planillas. ¿Para eso le pagan cerca de G. 100 millones, para darle una patada a la transparencia que tanto se autopromocionan?
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Encima, contratan a un estudio jurídico externo de primer nivel para que les ayude a presentar una acción de inconstitucionalidad. ¿Que despilfarro de plata? La directora Magnolia cobra millones más groseros beneficios y cerca de 60 abogados se “chupan” una buena partida de dinero. Sale más barato tercerizar el servicio jurídico.
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El cartismo está operando a full para quedarse con la presidencia del Senado. Muchos legisladores están a la espera de escuchar ofertas mientras la oposición sigue dando vueltas y no encuentra candidato.
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Encima que no hay oxígeno y camas de terapia en los hospitales, ahora ya les quieren quitar el teléfono celular a los pacientes. ¡Qué “lindo debut está teniendo el nuevo ministro de Mitic con su ‘estrategia comunicacional’”!
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Parece que está aplicando la teoría stronista: Lo que no se ve, no existe. Y ahí aparece la estrategia de evitar que los pacientes pidan auxilio a sus familiares que están fuera del hospital y que estos hagan sus denuncias ante la prensa. Además, el gobierno no quiere más que se saquen fotos para evitar que el país vea cómo sobreviven los enfermos.