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¡Imagínense! Los simpatizantes del clan Núñez colgaron pasacalles con propaganda electoral frente a un hospital promocionando la figura de Sol, la hija de “Bachi”, para que continúe “la dinastía”.
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Obviamente los familiares de los hospitalizados les recriminaron a los hurreros y se produjo una escaramuza frente al nosocomio hasta que intercedió la policía villahayense. Adivinen de qué lado estuvieron los uniformados: ¿De la gente o del clan?
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HacheCé ahora quiere despegarse de Abdo, pero ya es muy tarde. En las elecciones generales de 2018 juntos hicieron campaña para que gane la ANR, se “divorciaron” gua’u por un tiempo y a mediados de 2019 celebraron un “casamiento” por conveniencia. Uno conservó la silla y el otro evitó el mameluco naranja.
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No prendió el libreto pre-eleccionario cartista de intentar distanciarse de Abdo por la desastrosa gestión que está haciendo el co-gobierno colorado en esta pandemia, especialmente por la falta de vacunas contra el covid-19.
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Cuentan los que saben que funcionarios de una cooperativa de la ciudad del Rayadito son obligados a sentarse como miembros de mesa y de paso a votar por Felipito, el hijo de “Cachito”. ¡Qué lindo!
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Estamos esperando sentados un castigo ejemplar contra funcionarios públicos de alto nivel y del sector privado por la caída del puente en Tacuatí. Mientras destituyan solamente al encargado de banquinas, estas obras criminales seguirán habilitándose.
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Abdo también intentó despegarse de la tragedia del puente, al decir que no fue su administración la que ordenó de la obra (aunque sí lo inauguró).
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Sin embargo, se jactan de las obras de Stroessner cuando les conviene. ¡Qué simpáticos! O café o leche, pero no café con leche.
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En estos días hubo un tour de legisladores hacia Miami. Tranquilamente podrán hacer una sesión desde EE.UU., si quieren. Se le vio por ejemplo a una parlamentaria haciendo compras ya sin tapabocas.
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Esperemos que al Gobierno no le falten vacunas porque desde hoy redujeron la franja de edad a partir de 55 años cumplidos o por cumplir. El sorpresivo llamado fue “justo” al día siguiente de la caída del puente y la muerte de tres personas.
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Intendentes y gobernadores dilapidaron US$ 6.000 millones en diez años. Resultado: ni un detenido.