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El fiscal fue muy rápido para anticipar que no cuenta con indicios claros que justifiquen la lesión de confianza en contra del gobernador, pero muy lento para allanar una ONG salpicada con el escándalo de las facturas falsas. ¡Tardó dos meses!
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Les dio el tiempo suficiente para blanquear todo lo que podían. US$ 1.000.0000 que el Gobierno destinó a la Gobernación de Central para reactivar la economía, activó la de unos pocos y desvergonzados privilegiados que gozan de impunidad.
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Cuentan los muchachos que en Diputados ya hay una feroz puja entre los funcionarios con más experiencia y los apadrinados por Mangui para ocupar la vacancia de una dirección general. El salario de G. 17 millones es apetecible para muchos.
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Para no perder la costumbre, a Marito “de su gente” se le perdió la pelota en el conflicto con los camioneros piqueteros que ponen en jaque al país. ¡Lamentable!
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Marcial Lezcano, exdiputado y ahora candidato a intendente de Pedro Juan por la cicatriz colorada, fue nada más y nada menos que compañero de carpa del asesinado exdiputado suplente colorado Carlos “Chicharõ” Sánchez. ¡Qué lindo!
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El entonces senador Giuzzio, ahora ministro del Interior, presentó en noviembre del 2014, como miembro de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado, la denuncia contra tres diputados colorados (Freddy D’Ecclesiis, Bernardo Villalba y Marcial Lezcano) y el suplente “Chicharõ” Sánchez, de tener fuertes lazos con el narcotráfico. La denuncia está basada en pruebas de la Senad y asumida por el Senado. Los datos fueron remitidos a la Fiscalía.
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En la fiscalía de Sanrra el informe presentado por Giuzzio duerme el sueño de los justos. Esa denuncia de cajoneo ya la había realizado el diputado Robert Acevedo, víctima fatal del covid-19 en el 2021. ¡Una más!
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Los mandamases del CODI se fueron a llorar miseria al Congreso y al poco tiempo recibieron un aumento de G. 15.000 millones para comprar “equipos tácticos” y blindados “antiminas”. Sin embargo ayer nomás los militares tiraban un blindado por un puente en San Pedro. Esta incompetencia se paga con el dinero del contribuyente.
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¿Hasta cuándo la Justicia Electoral va a usar como excusa “la falta de leyes” para prohibir la propaganda electoral en redes sociales fuera del plazo?
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No les conviene a los políticos actualizar las normas, porque el rollete usa las redes sociales para llegar a los electores, incluso el Día “D”. Así que no hay voluntad institucional y menos política.
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A qué se deberá la amnesia de los cartistas para no pedir más la cabeza del ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, a quien vinculaban con el PDP. ¡Se olvidaron de él!
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Al parecer hizo bien las tareas con el “Patrão”. Arregui sacó un dictamen de la Seprelad donde pedía al Congreso rechazar el proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control de lavado de dinero.
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En Diputados los cartistas recibieron el copiatín de Arregui y con lujo de detalles dijeron que los clubes son controlados por Seprelad. Lo que no dicen es que no quieren ser sujetos obligados por ley.