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Contrariamente a lo que la ciudadanía reclama, el Congreso le está dando una gran mano a la criminalidad otorgándole la posibilidad a los “lavadores” de esconder los bienes que quieran para rectificarlos cuando se les antoja, con total impunidad.
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De un plumazo la Contraloría se convirtió ahora solamente en un archivo de declaraciones sin ningún posibilidad de hacer reportes de supuestos hechos punibles ante la Fiscalía.
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Ya no tiene sentido seguir llamándose formalmente República. Ahora somos un territorio apenas, con una ciudadanía sometida a los deseos de los poderosos.
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No honraron para nada la memoria del fiscal Pecci. Puros discursos y hasta ahí nomás pero a la hora de sancionar leyes, terminan beneficiando a la impunidad. Estamos todos locos.
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Evidentemente la mayoría de los legisladores no tienen ni idea de qué país estamos “construyendo” o no les importa. Tras el asesinato de Pecci ya deberían estar aprobando y sancionando leyes bien duras contra el narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, etc. Pero no fue así. Totalmente al revés.
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Por fin le dieron una “soberana patada” al imputado gobernador cartista Hugo Javier. ¡Ya era una vergüenza sostenerlo! Ahora falta que la Justicia le envíe a una penitenciaría para darle un mensaje bien claro a la clase política que sigue creyendo que la administración pública es su “caja chica”.
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Y hablando de Justicia y de la Fiscalía, tienen que sacudirse de este duro golpe y comenzar a castigar a los “manguruyuses” en memoria de Pecci. Hasta ahora solo “chespiceros”.
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Los cartistas buscan a toda costa salvarle a su protegida Quiñónez e intentan convencernos que la solución pasa por más presupuesto para el Ministerio Público. Pero ayer en el Senado revelaron que no gasta en compra de equipos y seguridad. Todo lo que pidió destinó para aumento salarial.