La injerencia en la Justicia

Cada 15 de Agosto se torna propicio para hacer una evaluación del trabajo del Poder Ejecutivo.

A dos años y un día de la asunción de Mario Abdo Benítez a la presidencia de la República, vamos a hacer una pincelada de su relación con el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Este análisis sería inviable si nos aferramos a la independencia de los poderes. El mismo Marito insiste en que no puede inmiscuirse en otras instituciones. Pero en la práctica otra es la realidad, que ya es propiciada desde la misma Constitución.

Veamos: todo ingreso a la judicatura pasa por el cedazo de un Consejo de la Magistratura, en donde el presidente de la República tiene como mínimo a un representante que la Carta Magna le otorga. Actualmente esa función cumple Carlos Raúl Cabrera que, en su momento reemplazó a Enrique Riera y que luego fue confirmado en el cargo por el entonces presidente Horacio Cartes.

Con buen criterio, Mario Abdo Benítez decidió respetar los tres años de mandato constitucional de Cabrera, pero inexplicablemente, pese a que el mandato de este abogado caducó el pasado marzo, aún no nombró a su reemplazante.

Pasemos a la Corte y es destacable que durante este gobierno hubo un cambio mayoritario que incluyó el ingreso de Eugenio Jiménez Rolón, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón, Carolina Llanes y César Diesel.

De los cinco a Carolina Llanes se lo asocia directamente con el presidente de la República ya que fue ella la que intervino la administración de Sandra McLeod, a pedido del Poder Ejecutivo.

Ese trabajo la catapultó a la alta magistratura. Por ello llamó la atención de que fue esa ministra, una de las que votó por la confirmación del juez Marino Méndez, afín al clan Zacarías, grupo político al que ella conoce muy bien por su trabajo de intervención en la comuna de la capital del Alto Paraná.

La elección de Diesel, en la que se cuestionó muchísimo al CM también salpicó al Ejecutivo desde el mismo momento en que se identificó al vicepresidente Hugo Velázquez como el ganador de esta puja.

Marito tampoco se puede desmarcar del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tenía controlada la presidencia a través del senador Enrique Bacchetta, aunque este da muestras de querer tomar distancia del mandatario.

Y es harto sabido que el JEM, en los últimos meses, blanqueó a los jueces amigos.

En la fiscalía, el presidente dice no tener injerencia y todo apunta que el cartismo tiene el poder político en el Ministerio Público.

Sin embargo, esta es la hora en que la fiscalía no se anima a tocar al Ministro de Agricultura Rodolfo Friedmann, a quien el presidente lo sostiene en el cargo, pese a las denuncias de corrupción.

A esto se podrían sumar fallos que terminan siendo favorables a su jefe de Gabinete Juan Ernesto Villamayor y el procurador Sergio Coscia. Sentencias que tal vez estén ajustadas a derecho pero que no están exentas de suspicacias por el momento político, como los casos de los helicópteros de la Policía o Ivesur.

Es justo decir que, en realidad los que deberían ponerse los pantalones largos son los administradores de justicia y de los órganos acusadores. Las decisiones deben ser tomadas conforme a derecho y no torcer la ley para que sean beneficiados los grupos que tienen el poder político de turno.

Los ejemplos deben venir de la cabeza: Corte Suprema y Fiscalía General. El agradecimiento por la confianza para llegar a un alto cargo judicial no debe ser confundido con el eterno sometimiento político.

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