Esos sujetos no ponen límite a su codicia y latrocinio porque saben que mediante diversos mecanismos quedarán impunes. Tienen bajo sus pies a varios de los que deberían juzgarlos imparcialmente porque los apadrinaron para conseguirles sus cargos. ¿Favor con favor se paga?
También cuentan con el corporativismo cómplice de los mandamases de los partidos políticos que se resisten a reformarse, a convertirse en organizaciones decentes, libres de malvivientes que se apoderan de todos los bienes que tienen a su alcance, lo cual es el único objetivo que se trazan para fungir de “políticos”, de “autoridades”, de “líderes”, de “dirigentes” como gustan presentarse, sin serlo.
Hay ministros de los poderes Ejecutivo y Judicial que delinquieron, según las pruebas que son o fueron divulgadas al por mayor en la prensa, que continúan no solo libres de castigo sino que algunos incluso ni siquiera fueron despojados de sus cargos. De los parlamentarios, ni hablar. Los meritorios y honrados pueden ser contados con los dedos de las manos.
También hay gobernadores y exgobernadores, intendentes y exintendentes, ediles, directivos de diversas oficinas públicas que pese a haberse comprobado que robaron fondos públicos están todavía sin pisar el presidio, aunque hay honrosas excepciones. Algunos, para cubrir las apariencias, fueron enviados por unos días a las celdas. Mencionar sus nombres no es necesario aquí, en las noticias diarias ya aparecen.
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También están las mentes criminales que crearon “empresas” para participar en licitaciones públicas y ganarlas mediante trampas y complicidades de “políticos”, con sobreprecios descomunales incluidos, y llevarse a sus bolsillos miles de millones de dólares del Tesoro en forma ilícita desde hace varias décadas.
Ese poder de los delincuentes de cuello blanco y otros es inmenso en el país. Y ello lo confirma el Índice Global de Impunidad 2020, elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), México, que dice que el Paraguay está entre los diez países con mayor impunidad del mundo.