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La causa de las tierras de San Agustín que se inició en el 2013 culminó con la absolución de dos políticos liberales llanistas; el parlasuriano Milciades Duré y el intendente de Iruña Justo Gamarra. Ambos zafaron de esta forma de un juicio por el delito de lesión de confianza.
Esto se da a menos de dos semanas del fallo de los casos de audios, que también dejó a un político absuelto, el exsenador de Unace Jorge Oviedo Matto (cuyo nombre también fue salpicado en el caso San Agustín) y a otro condenado, pero a solo dos años, sin posibilidad de que vaya a la cárcel, el expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y también exsenador colorado, Óscar González Daher. Los cargos acusados son los de tráfico de influencias y asociación criminal.
En medio de esto, y como si todo fuera poco, se conoció también la leve condena de dos años y seis meses de cárcel por enriquecimiento ilícito para Miguel Ángel Carballo, de quien se sospecha en realidad es testaferro de un político.
Es preocupante cómo a la Justicia paraguaya le cuesta cerrar los casos de corrupción. Si no terminan con una absolución, concluyen con una leve condena.
A la hora de establecer responsabilidades, jueces y fiscales se pasan la pelota y en medio está la ciudadanía, que simplemente explota contra ambos estamentos, porque siente que hay una casta de privilegiados que es intocable para los jueces y fiscales.
Esta situación que se dio a final del año 2020 y se da a inicios de 2021 sucede en plena evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), órgano que redacta la “Lista Gris” de países no cooperantes.
Gafilat evalúa al Paraguay desde noviembre de 2019 y sus técnicos llegarán en marzo de este año.
Uno de los puntos de evaluación justamente tiene que ver con la calidad de la sentencia de los casos de corrupción.
Gafilat tiene la cualidad de que no se deja llevar por lo que digan políticos o la misma prensa, sino que analiza a fondo las sentencias que se dictan en este ámbito.
Y acá no hace falta ser tan inteligentes para admitir que las sentencias, en casos de corrupción, dejan muchas dudas y que si Gafilat considera que esos cuestionamientos son razonables, podría incluir a nuestro país en la lista gris, lo cual sí incidiría seriamente en nuestra economía, ya que influenciaría en la aprobación de créditos internacionales.
El mismo titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Carlos Arregui, advirtió en entrevista con ABC Cardinal que la ciudadanía no debe creer que entrar en la “lista gris” será un problema exclusivo de los millonarios y los grandes bancos de plaza, sin otras consecuencias.
A partir de todo esto, es menester que los tribunales superiores analicen seriamente la calidad de las investigaciones fiscales y de las sentencias dictadas.
Se debe establecer responsabilidades. Es inaudito que sea fácil condenar a delincuentes que cometen hechos ordinarios o a narcotraficantes, pero que resulte todo lo contrario con gente ligada a la política y que es investigada por corrupción.
Esto se logra con fallos ejemplares que también dejen un mensaje a todos los jueces: que se debe obrar con un criterio que abarque lo jurídico y también lo real.
El Poder Judicial y el Ministerio Público deben entender que la responsabilidad que tienen es enorme para el país y que la sumisión a la casta de privilegiados es una traición al derecho que juraron ejercer y, sobre todo, es traición a la Patria.