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El fin de semana pasado se produjo un hurto de varillas y metales de una de las bases del Consorcio Cordillera, ubicado en la ciudad de Emboscada. Sin embargo, funcionarios y directivos de la firma Escorpión, que tienen a su cargo la seguridad del lugar, decidieron realizar la investigación del caso.
Los mismos, bajo engaños y amenazas, detuvieron a los que hasta ese momento eran guardias de seguridad del lugar y los presentaron en la comisaría como los supuestos autores del delito.
Asimismo, según denuncias de los familiares, en todo momento fueron maltratados y amenazados de muerte por los directivos de la empresa, para que confiesen el hecho, actuando con mucha prepotencia en la misma sede de la comisaría.
El fiscal Carlos Maldonado imputó a los tres detenidos el martes pasado y los puso a disposición del juzgado penal de Garantías. Sin embargo, en la tarde del miércoles 13 último, los directivos de la empresa de seguridad fueron de vuelta a la comisaría y, con anuencia y acompañamiento del subjefe de la repartición Carlos Gómez, sacaron de su celda a uno de los imputados, por casi una hora.
El detenido fue supuestamente sometido a torturas psicológicas, al llevarlo en las cercanías de la penitenciaría para mostrarle lo que le espera.
Los responsables de la firma negaron los hechos de amenaza y torturas, pero luego admitieron que “desde el principio ellos realizaron la investigación”. También dijeron que acompañaron al oficial Gómez, en un procedimiento.
De ser así estamos ante un hecho muy grave en el que se pretende obtener justicia por mano propia, usurpando las funciones de la Policía Nacional y del Ministerio Público que tienen a su cargo la investigación de hechos punibles.
Urge que el Poder Judicial investigue exhaustivamente la actuación de la Policía y de los directivos de Escorpión y sancionar a los responsables de estos atropellos a la Constitución Nacional vigente.