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Antes eran versiones que no podían ser confirmadas porque no formaba parte de la política de USA, hacer públicas esas decisiones. Solo los afectados conocían esa información.
Pero esa política cambió y no solo se informa desde el gobierno estadounidense quiénes son declaradas personas no gratas a ese país, sino hasta les etiquetan de significativamente corruptas.
Se puede decir que hay una injerencia de parte de USA al tomar esta decisión o que hasta presiona a la justicia paraguaya, pero nadie puede discutir que ese país, como cualquier otro, tiene la soberana decisión de autorizar o restringir el ingreso a su territorio.
En realidad, este es un análisis superficial. Si queremos profundizar más, se puede considerar que es un llamado de atención a las autoridades paraguayas por contar con políticos sospechosos de estar ligados a actos de corrupción. Anteriormente fue Óscar González Daher, un hombre proveniente del partido oficialista, quien en su carácter de congresista ocupó por año, bancas de diputado y senador, además de ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
González Daher fue condenado en el caso audios filtrados del JEM, causa que fue apelada, y también afronta un proceso por enriquecimiento ilícito.
Lo más reciente es el caso del diputado, también oficialista,
Ulises Quintana, quien está procesado por hechos relacionados al narcotráfico.
A diferencia de González Daher que fue despojado de su investidura, Quintana sigue en el cargo.
Por supuesto que hay que respetar el principio universal de la presunción de inocencia, pero cuando se opta por servir al pueblo a través de la política se debe cumplir aquello lo de la mujer del César: “No hay que ser, sino también parecer”.
Y hay que decir que a pesar del llamado de atención de un país neutral, pero que se siente afectado por el accionar de autoridades paraguayas, los reacciones solo pasaron por el impacto mediático.
González Daher recibió una pírrica condena que hace presagiar que puede ser revocada, o que, en caso de ser confirmada, nunca la cumplirá en la cárcel, a pesar de que puso en jaque todo el sistema judicial.
Mientras que Quintana, a quien se lo escucha claramente hablando con una persona presa y procesada por tráfico de droga, en una sospechosa coyuntura, no solo mantiene su banca, sino que proyecta su candidatura para el importante municipio de Ciudad del Este.
Lo ideal hubiera sido que se aparte del escenario político hasta que se levanten los cargos en su contra, pero está visto que el decoro y la delicadeza no son virtudes de algunos o varios “representantes” del pueblo.
Entonces, lo que se puede concluir es que Estados Unidos no solo reclama a la Justicia paraguaya la impunidad reinante, sino que los mismos políticos, más aún aquellos que están en el poder, son los que propician esta situación.
Se habla de corrupción imperante en Paraguay, del perjuicio social que causan los actos de deshonestidad por parte de quienes detentan el poder, pero las condenas, si es que las hay, son simbólicas, hechas para que en la Cámara de Apelación o la Corte Suprema puedan ser revertidas, pero menos para que se haga justicia.
Aunque no se den por aludidos, el llamado de atención de USA fue para los tres poderes del Estado, aunque poco o nada les importe.