Vejados, como en el caso de los cientos que fueron el viernes de madrugada al vacunatorio del Fomento de Barrio Obrero en Asunción para asegurar una dosis, y se encontraron horas después con la respuesta de los responsables de que solo había 8 dosis disponibles para ellos.
Vejados, porque esta pandemia sirvió para restregarnos en la cara nuestros peores problemas institucionales, aquellos que se maquillan con alguna buena gestión individual que sirve para esconder la basura debajo de la alfombra.
Este esquema de vacunación que se debió haber planificado hace más de un año cuando todo esto comenzó. El mundo entero sabía que en algún momento se producirían las vacunas, y que estas llegarían tarde o temprano.
Y demasiado tarde en nuestro caso por la pésima gestión de este Gobierno para la obtención de vacunas, sobre la que nos enteramos esta semana que también incluyó un regateo por los precios que conspiró contra la obtención de las dosis, pese a los más de dos mil millones de dólares que el mismo Gobierno quemó durante esta crisis.
No llegan vacunas suficientes. Y las que existen tampoco son férreamente administradas.
Solo basta mirar los procesos de registro y control que, o son vulnerables, o directamente no existen.
Una sola muestra, si el Registro Civil hubiese funcionado realmente en línea con datos actualizados, habrían saltado inmediatamente los casos de los fallecidos cuyas identidades fueron usurpadas por los miserables que deshonraron la función de aplicar las vacunas a la gente que realmente correspondía.
Hubo un año para planificar toda esta etapa. Un año. Tiempo más que suficiente para pensar en los procedimientos de control y administración de este bien, que sea probablemente en este momento, uno de los más codiciados en muchos países del mundo.
Demasiadas maniobras de corrupción hubo con las vacunas, y hasta ahora la impunidad es la característica común, salvo los contados casos de remoción de algunos pocos directores, que sin embargo siguen formando parte del Ministerio de Salud Pública, y la renuncia de la senadora Mirta Gusinky, quien hasta último momento intentó permanecer en el cargo.
Allí está por ejemplo el caso del parlasuriano Celso Troche, quien apela a la ley del ñembotavy esperanzado en la amnesia colectiva, y ayudado por el silencio cómplice de otros diez compañeros suyos.
O el caso denunciado como robo de vacunas en San Lorenzo, o la vacunación indebida de personas a las que aún no les correspondía recibir las dosis pero accedieron por amistad e influencias.
La impunidad, esa maldita compañera que parece irremediablemente casada con nuestro destino, es la que se encarga de transmitir el mensaje de que todo depende de cuánto poder y contactos tengamos para que nos salgamos con la nuestra.
Ese es precisamente el problema de tener instituciones débiles, o debilitadas exprofeso, para mantenerlas al servicio de grupos particulares.
Los países que evolucionan, y que ofrecen una mejor calidad de vida a sus habitantes, son los que tienen una fuerte institucionalidad, es decir, procesos en los que no importa quién sea el que realice una gestión o solicite un servicio, ya que obtendrá el mismo resultado que cualquier otro ciudadano. Y una justicia implacable con las prácticas de corrupción sin mirar la cara del cliente.
Esa es la única fórmula para salir del fango. Lo otro es seguir como estamos.
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