En vano el municipio gasta enormes recursos, dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes, para reponer los cables y también las lámparas del alumbrado público que son robadas. Los amigos de los ajeno, que a estas alturas se han convertido en un verdadero azote para la comunidad, se las amañan para nuevamente robar estos elementos, sin consecuencia alguna para sus hechos delictuales.
Estos rateros de cables están en franca competencia con muchos funcionarios de organismos públicos y poderes del Estado, que roban con total impunidad. Valga el comentario al margen.
Volviendo a nuestros intrépidos e indetectables “robacables”, la gran pregunta que nos hacemos todos, y que deberían hacerse la policía y la fiscalía es quién demonios compra estos cables robados, y procesarlos por el delito de reducción. Sería una forma eficaz de eliminar la demanda de estos objetos robados.
Este podría ser el camino que nos conduzca a dar un corte a este verdadero flagelo que enfrenta la comunidad, y que pone en peligro la integridad de las personas que se ven obligadas a transitar por zonas oscuras o caer en pozo del alcantarillado, con todo el riesgo que ello implica.
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No olvidemos la tragedia de un niño pequeño que hace unos pocos meses atrás murió ahogado al caer en uno de estos registros a los que le habían robado la tapa, en la avenida costanera, zona de Pacucuá.
Hace unos días escuché a un funcionario público hablar de un proyecto de iluminación de una plaza, creo, y decía que “ya no cometerían” el error de poner cables subterráneos ante la posibilidad de que sean robados. De ser cierto esto, sería una claudicación inadmisible. Renunciar a la posibilidad de contar con un sistema de iluminación de mejor calidad porque evita la polución visual y elimina el peligro de los cables aéreos porque somos incapaces de frenar a unos simples rateros.
Los representantes del ministerio público, ante quienes fueron promovidas las denuncias, deberían mover el trasero de sus oficinas con aire acondicionado e investigar estos hechos. No será tan difícil detectar quiénes son los delincuentes que compran estos objetos robados. La Policía tiene infinitas posibilidades para averiguar dónde van a parar.
La inutilidad, la desidia de nuestros fiscales y policías permite que unos simples y miserables rateros mantengan en jaque a toda una ciudad y actúen como si fueran fantasmas indetectables.