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En general, buena parte del electorado paraguayo actúa como si de la elección del próximo presidente de la República dependiese la felicidad de sus habitantes. Se espera que el mandatario solucione todos o la gran mayoría de los problemas nacionales, como si tal cosa fuese posible.
Ese es el motivo por el que, en cada periodo presidencial, a los seis meses de asumir los mandatarios están desprestigiados, al no poder responder a las grandes expectativas que ellos mismos y su equipo político se encargaron de alentar durante la campaña electoral.
A esta altura de los acontecimientos, de 1993 hasta ahora y tras haber pasado por la administración de 8 presidentes, deberíamos saber que nadie vendrá con soluciones mágicas y a lo más que podemos aspirar es a que las instituciones que integran la estructura del Estado funcionen más o menos bien, independientemente de quién esté al frente de la administración del Ejecutivo.
Para eso, además de políticos con patriotismo y visión de Estado, lo que se necesita son más magistrados judiciales probos, honestos y valientes. Porque, el gran problema que tenemos es la impunidad de ministros, directores, intendentes, gobernadores, concejales y otras personas con altos cargos que les permite a muchos de ellos robar y despilfarrar sin el temor de tener que rendir cuentas a la patria y a la ciudadanía.
Justamente, el gran daño del cartismo al sistema democrático paraguayo fue por su afán de copar todas las instituciones del Estado poniendo “amigos” a los que les estaba permitido robar, perseguir, pisotear las leyes y la Constitución, con la única condición de responder al “líder” y permitirle a este grupo político aumentar su poder.
De entre quienes ahora se postulan al cargo de presidente, ninguno está en condiciones de asegurar el cuidado de las instituciones, por más que lo digan de la boca para afuera.
Del candidato colorado Santiago Peña poco cabe esperar, por ser alguien que no tiene un liderazgo propio ni experiencia en el ejercicio político. Es altamente improbable –y los ejemplos en la historia política regional y mundial lo corroboran– que alguien puesto por otro para un cargo ejecutivo, aun si ganó previamente una elección, pueda tener éxito. Su conducta de los últimos días revela además a una persona dispuesta a cambiar de discurso y de postura según escenario y circunstancias, algo muy inadecuado para uno que pretende ejercer el poder desde el máximo cargo de la administración del país.
Efraín Alegre (Concertación Nacional) y Euclides Acevedo (Nueva República) son parte de la política tradicional. De llegar a la presidencia, podrían aplicar la lógica de repartir espacios políticos entre los dirigentes y grupos de poder que los respaldaron, lo cual no asegura que elijan a los mejores o que vayan a aplicar las políticas de Estado que el país necesita.
Al final, el mejor funcionamiento de las instituciones dependerá mucho de la presión ciudadana, en especial de las nuevas generaciones que no crean como alternativas en el autoritarismo o en los líderes providenciales, sino la participación y en exigir que sus autoridades cumplan, como mínimo, con la Constitución y las leyes.