PARÍS. La justicia francesa condenó en apelación a prisión al expresidente conservador Nicolas Sarkozy en el llamado caso “Bygmalion”, sobre la financiación ilegal de su campaña de elección presidencial de 2012.
Las rendiciones de cuentas de los gastos de campaña de los candidatos para los últimos comicios internos de los partidos políticos demuestran la falta de compromiso de la mayoría de los que aspiran a un cargo electivo de transparentar el financiamiento de sus actos proselitistas. Los informes no reflejan la realidad.
El quebrantamiento de las leyes es una de las primeras señales que nos muestran los candidatos acerca de los lineamientos que seguirá su gobierno, mandato o gestión. El periodo de campaña electoral nos da un tiempo prudencial para observar y analizar cada uno de sus pasos.
El juez electoral del Departamento Central considera que la propaganda electoral en redes sociales debe regularse por ser considerados nuevos medios de comunicación. Solicita al Ministerio Público que analice la situación para que sancionen a los candidatos que infrinjan la ley.
El 10 de octubre de 2021, fueron electos 261 intendentes y 2.781 concejales municipales para que ejerzan durante cuatro años sus respectivos cargos, que asumieron el 9 de diciembre del mismo año; hoy al menos 22 de los primeros y 16 de los segundos competirán en las elecciones internas del 18 de diciembre para ser candidatos a legislador, a gobernador o a concejal departamental en los comicios generales del 23 de abril de 2023. Así, engañaron miserablemente a sus electores, que les confiaron un cargo electivo para que lo ocupen durante el lapso referido y no para que lo hayan abandonado de hecho desde ya hace varios meses para trabajar por sus candidaturas.
Mientras, por un lado, el Poder Ejecutivo se vio esta última semana obligado a vetar una ley sancionada por el Congreso que despoja salvajemente a toda la población de importantísimos recursos para beneficio desproporcionado e ilegítimo de un pequeño grupo, por el otro la Cámara de Diputados aprobó ampliaciones presupuestarias a mano rota para fines que lejísimo están de responder a las grandes necesidades nacionales y solo reflejan el interés espurio de una mayoría de parlamentarios de hacer campaña electoral con el dinero de la gente y, probablemente, quedarse con una parte del botín. Lamentablemente, los “representantes del pueblo”, que deberían velar por sus intereses, lo que hacen lisa y llanamente es lesionar permanentemente su confianza.