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Contrastando este informe con investigaciones locales, la situación es realmente preocupante. El estudio denominado “Migración de adolescentes vulnerables y la trata de niñas, niños y adolescentes” de la Abg. Alice Resquín evidencia que la mayoría de las víctimas de trata de esta franja etaria proviene de la ciudad de Caaguazú.
Estos hechos deberían llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción. El contexto sociopolítico no ayuda. Las autoridades dejan a su suerte a un sector indefenso y vulnerable priorizando asuntos más rentable$. Por otro lado, el informe internacional cita cifras atribuidas al Ministerio de la Mujer y el MINNA que han reportado en su conjunto la identificación de 67 víctimas en 2022.
“Los traficantes explotaron a 28 de estas víctimas identificadas en la trata sexual y a 39 en trabajos forzados. Entre las 67 víctimas identificadas, había 26 mujeres, 15 niñas, 22 hombres y cuatro niños; dos víctimas identificadas eran bolivianas, 24 eran paraguayas explotadas dentro del país y 41 eran paraguayas explotadas en el extranjero en Bolivia, Brasil, México y España”, reza parte del informe.
Indigna el hecho de que el Gobierno no haya cumplido con los estándares mínimos ya que aunque identificó a un número significativamente menor de víctimas de trata sólo procesó a dos presuntos perpetradores. Tampoco estableció una agencia dedicada a la lucha contra la trata ni la fuente de financiación que exige la ley.
Puede, que como siempre, las autoridades actuales salgan al paso justificándose que es gestión de una administración anterior. Sin embargo, ya han pasado cuatro meses y no se avizora que los niños, niñas y adolescentes sean una prioridad en general, y la trata de estos en particular.
Hay estudios, hay propuestas de estrategia y operatividad, solo falta voluntad de parte de los responsables de las políticas en este sentido. Pero a ellos no les importa. Lamentable.