Asunción está al borde del ahogo institucional. Una administración que supera los 8.000 funcionarios (podrían ser incluso más) para funciones que no se ven. La basura acumulada, calles en pésimo estado, ausencia de veredas, caos vehicular. A pesar de esto, el gasto corriente sigue creciendo. Un municipio que parecería funciona para sostenerse a sí mismo, no a la ciudad a la que se debe. Aquí la auditoría es una necesidad, no un capricho.
Ciudad del Este, aunque lejos de ser modelo, ha dado muestras de mayor control. Prieto ha limitado gastos innecesarios y ha tenido gestos de administración responsable. Claro que no está exento de críticas. Pero el contraste con la capital es notorio. Por eso, la intervención de la Contraloría despierta sospechas de intencionalidad política. Rápido y mal: Su peor pecado es ser opositor.
Auditar no es gratis. Implica meses de trabajo, técnicos, informes, traslados, recursos. Es decir: dinero público, de usted y mío. Por eso, el resultado debe ser más que una carpeta engrosada o una rueda de prensa. Debería traducirse en correcciones y sanciones. Si no, el costo será injustificable.
Es aquí donde debemos preguntarnos: ¿Estas auditorías serán instrumentos de mejora o simples armas de desgaste? Tenemos ejemplos suficientes de procesos similares que terminaron en la nada. Denuncias que se apagan, hallazgos sin consecuencias, informes ignorados. Cuando la política mete la mano en los balances, el papel pierde peso.
Nenecho, al igual que Intendentes anteriores, ha sido cuestionado por sobredimensionar la planilla de personal. También por usar indebidamente fondos de la institución en gastos corrientes, el principal cáncer de su administración. Mientras nuestra querida capital languidece, el entorno del lord mayor alega persecución. Pero las cifras hablan por sí solas. Y el hartazgo ciudadano crece día tras día. Así, la auditoría puede -y debe- dejar en claro si hay algo más que ineficiencia.
Prieto es un hombre mucho más frontal, más dado al choque, y responde cada crítica con acusaciones de montaje. Tiene una base de apoyo sólida, pero no infalible. Si su gestión es limpia, tiene la brillante oportunidad de demostrarlo. Si no, también debe rendir cuentas. Aquí no se trata de hacer prevalecer un color sobre otros.
La forma en que se observan estas investigaciones tiene sesgos que son preocupantes. Para algunos, estamos ante una justicia claramente selectiva. Otros hablan de una impunidad que se puede anticipar y que ya está decidida a altos niveles. La verdad está en medio de estas posiciones: Ciudadanos que esperamos que nuestras ciudades funcionen, que podamos desplazarnos y que nuestros tributos sean bien utilizados. “Para qué pagar los impuestos si terminan como salarios de funcionarios planilleros, que para más se dan el tupé de maltratarte”, qué vergüenza tener que escuchar -y pensar- esto.
A riesgo de ser cándidos, optemos por seguir el proceso de cerca y guardar la esperanza de que esta vez las cosas se den de forma distinta. Que no se juzguen las pruebas dependiendo de la camiseta del intendente. Que el resultado no se negocie ni se use como rédito político. Que se traduzca en mejores servicios, en funcionarios mejor pagados, pero más eficientes, en recursos debidamente utilizados.
A fin de cuentas, lo único que importa es eso: que el resultado de estas auditorías beneficie a los municipios y sus habitantes, no a intereses sectarios. Si no, será una vez más dinero perdido y esperanza gastada. Y otra vez nos preguntaremos: ¿y ahora qué?