Una vieja práctica que traba el desarrollo en nuestro país es sin dudas la corrupción arraigada como tradición, principalmente impulsada desde aparatos del Estado. No es coincidencia que el departamento de Itapúa continúe siendo uno de los territorios con mayor informalidad, alcanzando el 70,2% de la ocupación de la fuerza de trabajo, según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2024.
La corrupción institucionalizada entonces perpetúa la informalidad en detrimento del beneficio de los ciudadanos y del propio Estado, para priorizar privilegios personales de funcionarios de turno.
El sector agropecuario sigue siendo el pilar del comercio exterior paraguayo. Representa el 75% de todas las exportaciones del país hasta septiembre de 2025, mientras los 4 principales granos representan el 34% de los ingresos totales de divisas al país, según datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).
Durante un acto público este jueves, el presidente de la filial en Itapúa de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, Marcio de Sousa, denunció que funcionarios del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), recorren fincas por sectores con el propósito de supuestamente extorsionar a ganaderos y productores agrícolas, para que paguen una coima a cambio de no ser multados por supuestas irregularidades ambientales. El gremio solicita que las autoridades nacionales puedan garantizar un protocolo de intervención para evitar que siga sucediendo esta práctica, que solo perpetúa la informalidad, además de afectar económicamente a los productores.
Pero no solamente se trata de imponer las normativas, sino también de acompañar a los productores para regularizar su situación. Lastimosamente, no les brindan las herramientas necesarias para que les sea más conveniente estar en regla.
En ese orden de ideas, la estructura está dispuesta para que continúen siendo objeto de esquemas irregulares. En consecuencia, los perjudicados son siempre los productores que apuestan al trabajo, y los consumidores.
En un país que deja impune la corrupción y que juzga al denunciante, ¿será posible pensar que si se hacen bien las cosas desde las instituciones, puede haber augurios de desarrollo? Entretanto, no deja de ser menos relevante subrayar el pedido de los productores locales, quienes solicitan “gente patriota” en las instituciones públicas.
sergio.gonzalez@abc.com.py