El problema real es otro: la incorporación de nuevos gastos sin financiamiento, sumada a un techo fiscal que el propio Gobierno definió y que hoy limita el uso de recursos que sí existen en las cuentas del Estado y que en el caso de los préstamos generan otros costos para el Estado como intereses y/o cuotas de compromiso. En una coyuntura económica favorable —sin sequía, sin pandemia, sin shocks externos, con más de US$ 1.000 millones adicionales en recaudación y con préstamos multilaterales disponibles— es inadmisible que el Estado no cumpla sus compromisos por un tecnicismo.
La situación se agrava cuando el propio Gobierno reconoce que se priorizaron gastos no previstos, como la compra de aviones, relegando obligaciones sensibles como la alimentación escolar y otros proveedores. Y cuando se insinúa que el MOPC priorizó pagos distintos a los acordados, la falta de liderazgo y coordinación queda expuesta.
El sector privado ya financia al Estado con sus impuestos. No puede, además, financiar la descoordinación del Gobierno ni convertirse en la variable de ajuste para sostener una meta fiscal irreal. Esta dinámica, sumada a otras, erosiona rápidamente uno de los activos más valiosos del país: su institucionalidad económica.
Cumplir la meta fiscal es importante. Pero no puede hacerse sacrificando la confianza, la previsibilidad y la estabilidad del sector productivo que sostiene nuestra economía. Paraguay necesita obras, pero también necesita coordinación y responsabilidad en la gestión pública.
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*Exministro de Hacienda