IPS a la deriva en el interior

Resulta inadmisible que el IPS de Caacupé continúe desembolsando G. 22 millones mensuales por el alquiler de un edificio que no cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública. En apenas tres años, el gasto ya alcanza cerca de G. 800 millones, una cifra millonaria que contrasta con las permanentes necesidades de los asegurados, quienes a diario deben soportar la escasez de medicamentos, la falta de estudios básicos y la deficiente infraestructura del servicio.

La situación deja al descubierto una preocupante contradicción entre el discurso y la realidad. Mientras los trabajadores cumplen puntualmente con sus aportes, la previsional destina importantes recursos a un inmueble cuya situación administrativa sigue siendo cuestionada. Ese dinero bien podría haberse invertido en fortalecer la atención médica, adquirir medicamentos, reparar equipos o mejorar las condiciones de atención para los pacientes.

Lo más llamativo es que las máximas autoridades del IPS conocen perfectamente esta problemática. El presidente de la institución, Isaías Fletes, visitó el establecimiento, recorrió las instalaciones, observó que el edificio es reducido, insuficiente para la creciente demanda y reconoció públicamente las falencias.

Sin embargo, esa visita terminó siendo solo una constatación de los problemas, porque hasta hoy no se anunciaron soluciones concretas ni un plan serio para corregir una situación que afecta directamente a los asegurados.

A esto se suma el contraste con el mensaje que transmite constantemente el presidente de la República, Santiago Peña, quien habla de un país que avanza, de una gestión eficiente y de un Estado que mejora los servicios públicos. Sin embargo, en el IPS de Caacupé la realidad es muy distinta.

Los asegurados siguen escuchando que “no hay medicamentos“, que los estudios deberán esperar o que deberán acudir a un laboratorio privado para realizarse análisis que deberían estar garantizados por la previsional.

La ciudadanía ya no necesita más recorridos oficiales, fotografías ni discursos optimistas. Lo que exige es una administración transparente, responsable y comprometida con las necesidades de quienes sostienen el sistema con el descuento mensual de sus salarios.

Cada millón de guaraníes mal administrado representa una oportunidad perdida para ofrecer una atención médica más digna, más eficiente y más humana. Mientras no existan decisiones firmes para corregir estas irregularidades, el discurso de una gestión exitosa seguirá chocando de frente con la realidad que viven diariamente los asegurados.

faustina.aguero@abc.com.py