La Ley Nº 426/1994, Orgánica del Gobierno Departamental, establece en su artículo 6 que el Gobierno Departamental y sus funcionarios deben ajustar sus actuaciones a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes y prohíbe realizar proselitismo político-partidario dentro de las sedes de la administración pública, así como utilizar la autoridad o el cargo para fines ajenos a las funciones institucionales.
A esto se suma la Ley Nº 7445/2025, cuyo artículo 52, inciso b, prohíbe realizar actividades políticas partidarias o proselitismo dentro de las dependencias de las instituciones públicas.
En este caso, no se trató de una reunión institucional para abordar los problemas que afectan al departamento, sino de un encuentro político en el que se habló de unidad partidaria y se mostró públicamente el respaldo al Partido Colorado.
La propia gobernadora, Norma Zárate de Monges, difundió fotografías del encuentro realizado en la Gobernación, acompañadas del mensaje: “Unidos, firmes y con un mismo propósito”. En las imágenes, los participantes exhiben el dedo índice, gesto que, en el contexto del encuentro, aparece como una alusión a la unidad en torno a la Lista 1 de la ANR.
En las imágenes aparecen, entre otros, el senador Ramón Retamozo, los diputados Martín Samaniego y Héctor Figueredo, el exsenador Darío Monges y el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja. Lo preocupante es que un encuentro de estas características se realice en presencia de legisladores, quienes tienen la responsabilidad de elaborar y hacer cumplir las leyes que rigen la República.
La Gobernación no fue creada para convertirse en sede de reuniones partidarias, acuerdos electorales o demostraciones de unidad de una nucleación política, sino para estar al servicio de todos los habitantes del departamento.
La utilización de una institución pública para fines partidarios transmite un mensaje equivocado: que el poder político puede disponer de los espacios estatales como si fueran propios. No se trata de impedir que los políticos se reunan ni de cuestionar su derecho a organizarse partidariamente; se trata de respetar el lugar y las instituciones.
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