Los compradores desaparecieron y los precios cayeron a niveles que ni siquiera permiten recuperar los costos. Según el productor del distrito de Caaguazú Gustavo Benítez, producir 1.000 plantas demanda unos G. 7 millones y el precio necesario para cubrir los gastos y obtener alguna ganancia ronda los G. 7.000 por kilo. Sin embargo, los agricultores ni siquiera consiguen colocar su mercadería a G. 2.000.
A esta realidad se suman los daños ocasionados por los temporales. Las lluvias intensas y los fuertes vientos afectan los cultivos, destruyen plantas y reducen las posibilidades de recuperar la inversión. En las zonas productivas de Yhû y 3 de Febrero, afectadas por el reciente fenómeno climático, los agricultores deben enfrentar además una cosecha concentrada que aumenta la presión sobre el mercado. Es decir, cuando el productor necesita vender para recuperarse de los daños, se encuentra con precios deprimidos y sin compradores suficientes.
Pero el problema no puede atribuirse únicamente al clima ni a las fluctuaciones del mercado. También obliga a examinar la responsabilidad de las instituciones encargadas de acompañar al sector. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) dispone de mecanismos para relevar la intención de siembra y estimar los volúmenes de producción. Sin embargo, si esas proyecciones no se traducen en decisiones oportunas, asistencia técnica efectiva y alternativas de comercialización, la planificación termina siendo una total falta de seriedad y un mecanismo deficiente de la entidad estatal.
Se necesita información actualizada sobre la demanda, coordinación entre las zonas productoras y medidas que eviten que todos cosechen grandes volúmenes al mismo tiempo sin tener un mercado capaz de absorberlos. A este escenario se suma ingreso irregular de productos extranjeros que satura el mercado nacional y agrava la crisis de los agricultores.
El Gobierno debe demostrar su compromiso con la agricultura mediante acciones concretas, no solamente con planes y proyecciones deficientes. Porque mientras las autoridades se llenan de fotos con asistencias ínfimas y discursos falsos, los tomates y otros productos se pudren y las familias registran pérdidas millonarias e irreparables en sus fincas. Ninguna política agrícola puede considerarse exitosa si quienes trabajan la tierra terminan sin poder vender sus propios productos.
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