Pero lo más doloroso no es solo lo que se lleva el agua, sino saber que esta situación podría evitarse. Desde hace más de quince años, la construcción de la defensa costera ha sido una promesa recurrente de políticos de todos los niveles y de todos los partidos. La anunciaron antes de asumir, la mencionaron en sus discursos y volvieron a prometerla con cada nueva crecida. Sin embargo, cuando las aguas retroceden, también parece retirarse la voluntad de concretarla.
Hoy, con la ciudad nuevamente bajo amenaza, el tema ha regresado a la agenda pública, coincidiendo con el inicio del ciclo electoral rumbo a 2028. Se habla de ejecutar la obra por tramos, de una inversión estimada en 150 millones de dólares y de nuevas gestiones. Y ahí está el riesgo: que todo vuelva a convertirse en otra promesa de campaña, tan fugaz como el agua que hoy inunda las calles.
Las palabras de una mujer damnificada, durante la visita de la primera dama de la República, resumen con meridiana claridad lo que siente la comunidad: “Ya no queremos víveres ni colchones; queremos la defensa costera. No queremos más asistencia de emergencia; queremos soluciones definitivas”.
No es un capricho. Es el agotamiento de vivir en una crisis permanente. Cada familia que evacúa lleva consigo una carga emocional difícil de medir: la incertidumbre de no saber qué encontrará cuando las aguas bajen, qué quedará de su casa, de sus muebles y de la vida que construyó.
Seguir atendiendo únicamente las consecuencias, entregando frazadas, alimentos y carpas, sin atacar las causas del problema, no es gestión: es resignación. Ayolas no necesita más asistencia temporal; necesita una decisión política que transforme la costanera de una promesa incumplida en una realidad concreta. Porque cada vez que el río crece y la obra sigue sin concretarse, el costo para el Estado en concepto de ayuda humanitaria, sumado a los daños irreparables que sufren las familias, supera con creces la inversión que tanto se posterga.
Ese derecho no debería depender de los ciclos políticos, sino de una decisión de Estado que ponga a las personas por encima de cualquier calendario electoral.
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