Masacre en Tacumbú: Fiscalía buscará romper “código de silencio” de guardiacárceles

La jueza de Garantías Cynthia Lovera otorgó el sobreseimiento provisional a Armando Javier Rotela y otros 10 procesados por la masacre de siete internos de Tacumbú, en febrero de 2021. Con esto la Fiscalía tiene un año más de plazo para concluir con diligencias pendientes, entre ellas, obtener la declaración de 20 guardiacárceles de dicha penitenciaría.

Policías irrumpen en la cárcel de Tacumbú, en el momento álgido del motín. Tuvieron que extremar cuidados.
Policías irrumpieron en horas de la tarde en la cárcel de Tacumbú, mientras internos leales a Armando Rotela se amotinaban con rehenes en su poder.Archivo, ABC Color

A través de su AI N° 1010, la jueza Penal de Garantías Cynthia Lovera otorgó el sobreseimiento provisión a los imputados por los hechos de homicidio doloso, toma de rehenes, motín de internos y asociación criminal, en calidad de autores, tras la sustanciación de la audiencia preliminar en la causa abierta por la masacre en Tacumbú.

Con esta resolución, el Ministerio Público, representado por el fiscal Giovanni Grisetti y la fiscala Alicia Sapriza, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, tiene como plazo de gracia un año para presentar su requerimiento conclusivo, que puede ser una acusación.

En la causa están procesados Armando Javier Rotela Ayala, Alan Ricardo Caballero, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Arsenio Erico Alvarenga Sosa, Egon Ramón Vargas, Jorge Almanza Guzmán, Aníbal Ortellado Rojas, Alberto Daniel Villalba Saucedo, Héctor Santiago Caballero Álvarez y Leonardo Ariel Oviedo Bareiro.

En el motín, ocurrido el 16 de febrero de 2021, murieron degollados Julio César González Cáceres, Julio César Shareamm Barrios, mientras que Fernando Ortiz Echeverría, Carlos Raúl Casco Rojas y Alcides Ramón González González fueron decapitados. Los internos Roberto Ríos y Francisco Vargas Leiva fueron asesinados con puñaladas.

Objetivo es quebrar el “código de silencio”

Mediante este plazo el Ministerio Público podrá concluir con un total de 22 diligencias que aún se encuentran pendientes, siendo la principal de estas la obtención de la declaración testimonial de 20 guardiacárceles de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, quienes solo dan su manifestación de forma oral, pero hasta el momento no se hacen cargo para realizar una declaración por escrito.

Desde la Fiscalía señalaron que aún sigue vigente ese “código de silencio” entre los funcionarios, principalmente de aquellos que cumplen funciones como agentes penitenciarios. Haber superado esa barrera fue lo que permitió obtener altas condenas para 24 personas en el caso de la masacre de la cárcel de San Pedro, ocurrida el 16 de junio de 2019.

Entre las otras diligencias pendientes está el pedido de informe a la penitenciaría de Tacumbú, sobre la identificación, organización, integrantes, jerarquía, funciones, identificación de líderes, y todo dato relevante referente al “Clan Rotela”, así como si los 11 procesados causa forman parte de este, y si están asignados a pabellones específicos según la facción a la que pertenecen.

También se espera el informe ampliatorio de la División Humana del Departamento de Criminalística, sobre el reconocimiento facial morfológica de las personas que se observan en los videos el día del hecho, específicamente con relación al procesado Leonardo Ariel Oviedo Bareiro.

Así también, el informe sobre el cotejo de las imágenes y secuencias de las filmaciones que deben completar los peritos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, y los informes respectivos de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria y la Dirección General de Prevención y Seguridad de la Policía.

Amotinamiento fatal

El pasado 16 de febrero de este año, en horas de la madrugada, se procedió al traslado del interno Orlando Efrén Benítez Portillo, de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a la Agrupación Especializada de la Policía, ante las informaciones recibidas relacionadas a un túnel dentro del recinto y que sería utilizado por él y otras personas más para fugarse.

La medida provocó un descontento en la población penal, principalmente de Armando Rotela, compañero de pabellón y socio de Efrén Benítez.

Ese mismo día, pero ya en horas de la tarde, los presos al mando de Rotela comenzaron a quemar colchones, ropas y frazadas en distintos sectores del penal, con lo que dieron inicio así a un incendio de importantes magnitudes, así como destrozos en las instalaciones del lugar.

Toda la confusión también fue aprovechada por los privados de libertad para retener en calidad de rehenes a un grupo de 20 agentes penitenciarios, quienes estaban de turno en esa jornada. Los reclusos prometieron, en esa ocasión, liberarlos una vez que cumplieran sus exigencias.

Ante dicha circunstancia se constituyeron en el lugar agentes de la Agrupación Especializada, de la FOPE y de la comisaría 4ª Asunción, además de bomberos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay y de la Policía, para intentar poner término al motín y extinguir las llamas, respectivamente.

Ya en horas de la noche, con presencia de la entonces ministra de Justicia Cecilia Pérez, los internos accedieron a un diálogo y llegaron a un acuerdo, como efecto del mismo liberaron a los agentes penitenciarios y también permitieron el ingreso del director del recinto y de los bomberos.

Luego los internos también hicieron entrega de seis cuerpos sin vida, pertenecientes a Julio César González Cáceres, quien fue degollado y también presentaba heridas múltiples de arma blanca; Julio César Shareamm Barrios, también degollado y con heridas de arma blanca en todo el cuerpo.

Además, los cadáveres de Fernando Ortiz Echeverría, Carlos Raúl Casco Rojas y Alcides Ramón González González, quienes fueron decapitados y presentaban heridas de arma blanca. En cuanto al caso de Roberto Ríos, fue asesinado con varias heridas de puñal.

Casi al mediodía del 17 de febrero se halló otro cuerpo, perteneciente a Francisco Vargas Leiva, ultimado con varias estocadas.

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