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El 15 de marzo pasado, los jueces de primera instancia María Fernanda García de Zúñiga, Héctor Luis Capurro Radice y Yolanda Portillo anularon la acusación por revelación de secretos de servicio que había sido presentada supuestamente fuera de plazo por la fiscala antidrogas Elva Agustina Cáceres Samudio.
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Almada, quien era jefe de la oficina de la Senad en Itapúa, y Arrúa, quien era personal de planta, fueron capturados el 20 de julio de 2018 porque supuestamente brindaban protección a los hermanos Wilfrido Bareiro Vargas y Rigoberto Bareiro Vargas, a quienes de hecho habrían ayudado a escapar el 29 de noviembre de 2017, cuando la Senad allanó la estancia de ambos en el municipio de San Pedro del Paraná.
Wilfrido fue capturado finalmente el 7 de junio de 2018 y Rigoberto fue secuestrado, asesinado y enterrado el 11 de octubre de 2020.
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Acordada estaba vigente
El Tribunal de Sentencia anuló la acusación fiscal porque supuestamente debía presentarse el 20 de enero de 2019, pero se presentó el 20 de febrero de 2019.
Sin embargo, el fiscal adjunto Alcaraz argumentó en su escrito que en ese momento estaba vigente la acordada 237 de la Corte, que data del año 2001. Básicamente, esta normativa suspende los plazos procesales vencen en enero y los pospone para febrero, debido a la feria judicial.
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Aparentemente, el Tribunal de Sentencia no tuvo en cuenta esta acordada para favorecer a los agentes.
Según la Senad, los agentes especiales Almada y Arrúa siguen cobrando sus salarios, pero no podrán ser reincorporados hasta que su sobreseimiento quede firme.
La Corte ahora debe resolver si revierte el fallo del Tribunal de Sentencia o si ratifica el sobreseimiento de los antidrogas por la presentación supuestamente tardía de la acusación.
El Ministerio Público aparentemente cuenta con audios de las conversaciones telefónicas de los agentes especiales con los hermanos Bareiro.
Almada y Arrúa guardaron reclusión desde el inicio del proceso en el penal militar de Viñas Cue, aunque últimamente gozaban de arresto domiciliario.