El policía detenido por el escandaloso robo de armas es el suboficial inspector Alberto Benítez Caballero, de 38 años, personal de la comisaria 25° de la colonia Joayhu del distrito de Liberación, departamento de San Pedro.
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El agente se presentó en la comisaría 18° de Santa Rosa del Aguaray, donde fue entregado a los efectivos del departamento de Investigaciones de Asunción, quienes fueron a buscarlo para traerlo a Asunción y ponerlo a disposición del el fiscal de Crimen Organizado, Cristhian José Ortiz Riveros.
Este último es uno de los tres fiscales que integran el equipo de trabajo conformado por la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar el hecho. Los otros dos son Luis Amado Said Frágueda y Pamela Pérez Trinidad.
Policía detenido ofrecía una de las armas “desaparecidas”
Aparentemente, el policía ahora detenido andaba ofreciendo a la venta una de las nueve armas que desaparecieron de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional, cuya directora es la comisaria principal Antonia Zamphirolos de Velázquez.
El descarado robo fue confirmado el 11 de marzo pasado, cuando el Ministerio Público requirió la entrega de una de las armas, pero esta no fue encontrada. En una revisión rápida, ya se detectó el faltante de otras dos. En nueva nueva búsqueda se confirmó que faltaban al menos seis armas más, entre pistolas y revólveres.
Una de las armas desaparecidas formas pare de las evidencias del caso Pavo Real, que investiga a una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuyo líder era el meganarco Jarvis Chimenes Pavão, actualmente preso en Brasil.
Las armas desaparecidas estaban en el edificio central de la Dirección General de Investigación Criminal, situada en la calle Azara de Asunción y cuyo director general es el comisario general director César Roberto Silguero Lobos.
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Tanto Zamphiropolos como Silguero mantuvieron casi en secreto el hecho hasta que finalmente estalló el escándalo.
Todos los personales que prestaban servicios en la Dirección de Criminalística en ese momento fueron puestos a disposición de la Fiscalía. De hecho, casi todos ellos tuvieron que entregar sus celulares, excepto uno que aparentemente fue trasladado de dicha unidad silenciosamente, supuestamente sin que se enteraran los fiscales, según denunciaron los otros policías afectados.
En principio, el hecho es caratulado como quebrantamiento del depósito, pero después podría ampliarse a hurto especialmente grave o incluso asociación criminal. Los jefes policiales responsables de esa oficina también son investigados como sospechosos, por acción u omisión.