La operación Dakovo se ejecutó el 5 de diciembre de 2023, con intervenciones simultáneas de la Policía Federal (PF) en Brasil, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en Paraguay y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos.
Fue catalogada como la mayor operación contra el tráfico internacional de armas. El nombre del caso, Dakovo, se debe a una ciudad de Croacia donde funciona la fábrica en la que se produjeron la mayor parte de los fusiles y las pistolas importados a Paraguay por la empresa International Auto Supply SA (IAS), pero que después terminaron en el mercado negro de Brasil.
Supuestamente, antes de enviar esas armas de contrabando a Brasil, la estructura en Paraguay simulaba la venta a armerías inexistentes o personas físicas que ni siquiera estaban enteradas.
El señalado como líder del esquema es el argentino Diego Hernán Dirisio, de 51 años, dueño de la empresa IAS de Paraguay, quien habría actuado en complicidad con su esposa, la exmodelo paraguaya Julieta Vanessa Nardi Aranda, de 43 años.
El matrimonio fue detenido el 2 de febrero de 2024 en Argentina, donde actualmente los dos gozan de libertad con tobillera electrónica ya que la extradición de ambos a Brasil quedó estancada.
Lea más: Dakovo: empresa utilizada para tráfico de armas llegó a proveer al Estado
También fueron procesados numerosos importadores y facilitadores de las supuestas operaciones de tráfico de armas.
El “núcleo Dimabel”
Entre los procesados como facilitadores del tráfico de armas fueron incluidos cinco militares de Paraguay.
Se trata del general del Aire retirado Arturo Javier González Ocampo, actualmente de 60 años; general de división de la Fuerza Aérea retirado Jorge Antonio Orué Roa, de 62 años; el coronel de la Fuerza Aérea Bienvenido Santiago Fretes González, de 55 años; la capitana del Ejército Josefina Cuevas Galeano, de 37 años, y la teniente primero del Ejército Cinthia María Turró Braga, de 42 años.
González fue comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). Orué fue director de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). Fretes fue jefe del Registro Nacional de Armas (Renar) de la Dimabel. Cuevas fue jefa de la división de Importaciones del Renar de la Dimabel. Turró fue asesora jurídica del Renar de la Dimabel.
La que era Dimabel ahora se llama Dirección General de Material Bélico (Digemabel).
Lea más: Operativo Dakovo: exdirector de Dimabel se entrega a la Justicia
Solo el general González tiene arresto domiciliario. Los otros cuatro, el general Orué, el coronel Fretes, la capitana Cuevas y la teniente primero Turró, están presos hasta hoy en el penal militar de Viñas Cue, en Asunción.
Estos cinco militares están procesados en Paraguay por tráfico de armas, en un proceso penal impulsado por un equipo de fiscales coordinado por el fiscal Francisco Manuel Cabrera Sanabria, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
De este grupo, excepto el general González, todos fueron pedidos en extradición por Brasil para afrontar también en ese país otro proceso por el mismo hecho punible.
Sin embargo, pese a que la extradición fue autorizada en Paraguay, la entrega de los cuatro militares nunca se ejecutó, por lo que ellos fueron enjuiciados en ausencia en Brasil.
En primera instancia fueron condenados
En primera instancia, el general Orué, el coronel Fretes, la capitana Cuevas y la teniente primero Turró habían sido condenados a cuatro años de cárcel, pero sus abogados paraguayos y brasileños apelaron ese fallo y anoche un Tribunal Federal de Brasilia, que sería el equivalente a segunda instancia, resolvió absolverlos por insuficiencia de pruebas.
Hoy martes, el abogado Bernardo Villalba, defensor del general Orué y el coronel Fretes, dijo que van a solicitar la libertad de todos en Paraguay, debido a que en Brasil se demostró que son inocentes.
Estos militares paraguayos fueron enjuiciados en Brasil como parte del “núcleo Dimabel”, según dijo el abogado Villalba, ya que el proceso contra ellos se separó de la investigación contra los importadores y facilitadores que habrían enviado las armas.
Lea más: Ministro advierte que extraditables podrían ser condenados a 24 años
Según el abogado, se demostró que los militares de Paraguay no son responsables de la llegada de las armas a Brasil, ya que esa conducta es atribuible solo a los importadores o facilitadores.