El caso se inició en la noche del 11 de junio pasado, cuando el suboficial segundo de la Policía Nacional (PN) Julio César López Zárate, de 23 años, golpeó en la cara con una lata de cerveza al abogado Ángel Daniel Jaime Galeano, de 36 años.
El incidente se produjo frente a una pizzería denominada De la Casa, en la localidad de Tacuara, distrito de San Estanislao (Santaní), departamento de San Pedro.
El policía estaba con un hermano y el abogado estaba con su novia. Todos aguardaban que les entregaran sus pedidos para llevar.
El policía reconoció que le pegó al abogado, supuestamente por un problema que tuvieron cuando él era aún un niño, ya que son vecinos.
Sin embargo, el abogado agredido se presentó esa misma noche en la comisaría 19° de Cruce Tacuara y denunció que no solo fue agredido, sino que supuestamente unos momentos después el mismo policía a punta de arma de fuego le quitó su celular y un caudal de G. 1.500.000.
Con esta denuncia, el fiscal de Santaní, Rusbell Benítez López, pidió una orden de allanamiento para entrar a la casa del policía, situada en la compañía Punta Suerte del mismo municipio, y luego incluso presentó imputación contra el uniformado por robo agravado.
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Con semejante calificación, el juez local, Óscar Grismaldo Segovia Sosa, ordenó la prisión preventiva del policía del Grupo Lince, que debía cumplirse en la cárcel de San Pedro de Ycuamandyyú.
Sin embargo, mientras el policía seguía recluido en su unidad, la comisaría 8° de Santaní, en espera de que se habiliten cupos para el traslado al penal, apareció un revelador video de una cámara de seguridad que efectivamente grabó la agresión.
En las imágenes se observa todo lo que dijeron el denunciante y el denunciado con relación a golpe que sufrió el abogado de parte del policía con una lata de cerveza cargada.
Sin embargo, las mismas imágenes ayudaron a entender que tras ese episodio el policía y su hermano se retiraron del lugar y que nunca hubo el asalto denunciado por la víctima de la agresión.
Con este nuevo escenario, el propio fiscal se allanó a la libertad del policía y ahora analiza una eventual imputación contra el abogado agredido, por el hecho punible de denuncia falsa.
Los familiares del policía denunciado dijeron que el abogado les pidió G. 30 millones para llegar a un acuerdo.
El policía goza de libertad ambulatoria desde hoy lunes. No llegó a pasar a la cárcel. La aparición de ese video lo salvó de ir aparentemente de manera injusta a prisión.